Era casi la medianoche del 9 de diciembre de 2013. El capitán de la embarcación hablaba por radio con su hermano también patrón de barco que se encontraba en la pesca de camarón en la misma zona de Altata, Sinaloa, cuando escuchó un fuerte golpe por el lado derecho del buque. Salió a verificar en medio de un vaivén que no cesaba pues la marejada estaba fuerte. El movimiento y las sacudidas complicaba cualquier abordaje.
Aún así, un grupo de encapuchados ataviados con chalecos antibalas, armas tipo escuadras y fusiles AK-47 abordaron el barco. Todo fue tan rápido que sorprendieron a los siete tripulantes que navegaban cerca de la bahía de Altata, Navolato.
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— Tú, tú y tú van pa’ bajo —gritó uno de los delincuentes para empujar a tres marineros en el cuarto de congelación donde almacenaban el camarón.
Al capitán lo encontraron en el pasillo, lo regresaron a la cabina y le exigieron que no soltara el timón.
—No golpeen a la tripulación, vamos a hacer lo que nos digan —les dijo.
Al resto de los tripulantes los encapuchados ordenaron que cargaran los costales de camarón azul a su embarcación, una panga que interceptó al buque camaronero con motores gran potencia, similar a los que usan los narcotraficantes para transportar droga a alta velocidad por esta zona del Mar de Cortés tratando de no ser detectados por la Marina.
“Nos quitaron 58 jabas, 50 de exportación y ocho de piojo (camarón pequeño); un promedio de dos toneladas y media de producto, el resultado del esfuerzo de 23 días de trabajo", recuerda este capitán con 28 años de experiencia, quien reconstruye aquel episodio ocurrido hace nueve años con tal detalle como si hubiera ocurrido ayer. Él como otros trabajadores del mar aceptó contar su historia a condición de reservar su identidad ante el riesgo que viven a diario.
Porque hoy día para los armadores la actividad pesquera se ha convertido en un oficio de muy alto riesgo. Aseguran que, pese a que siempre ha existido la delincuencia, en los últimos años el crimen organizado opera de forma descarada sin que ninguna autoridad ponga un alto.
Historias comunes del crimen organizado
En el Parque Bonfil de Mazatlán abundan las historias como la que le tocó vivir a un velador de un barco la madrugada del 27 de febrero de 2014, cuando llegaron cuatro hombres armados, encapuchados y con chalecos antibalas, iban a asaltar la embarcación que resguardaba este hombre que en sus 43 años vivió el susto de su vida. Las amenazas lo paralizaron, del miedo se quedó sin poder hacer nada.
El Bonfil es el muelle que alberga a la flota más grande del país y cuenta con una longitud de 600 metros, de uso público pesquero para el atraque de la flota. En los últimos años, este espacio luce abandonado, lleno de basura, perros, gatos y roedores, que enmarcan los cientos de barcos pesqueros amarrados, la mayoría lucen una armazón despintada, mástiles oxidados, lazos carcomidos por la humedad, imágenes que resume que ha terminado con la algarabía y bullicio que mostraban que la pesca era abundante y rentable.
En este cementerio marino irrumpieron aquellos individuos a bordo de una lancha con el motor apagado intentando hacer el menor ruido posible. El velador—quien pidió reservar su identidad por seguridad—estaba en la caseta del barco cuando lo sometieron junto al motorista quien lo acompañaba al cuidado del barco que en sus bodegas resguardaba el resultado de varios días de faena en altamar. Esa ocasión se llevaron dos toneladas y media de camarón que sería descargado a las 6 de la mañana del día siguiente.
Los años más violentos para la pesca
Los asaltos en altamar y robos de mercancía en buques amarrados rompieron todos los récords en la temporada 2013-2014. El registro fue de 14 atracos la mayoría con un rasgo común. Algunos jefes de tripulación reconocieron que los pagos a la delincuencia de un millón de pesos por embarcación como mínimo por cada viaje realizado se incrementaron desde entonces. Quienes no aceptaban, corrían el riesgo de ser asaltados en altamar.
Desde entonces las extorsiones crecieron, a partir del año 2019 los armadores empezaron a colgar lonas donde anunciaban la venta de barcos camaroneros amarrados en el Bonfil. Cálculos oficiales señalan que de 79 empresas que agrupan 264 barcos, al menos 20 pesqueras han decidido poner a la venta sus embarcaciones pues ya no es rentable sacarlos durante la zafra, pues implica inversiones millonarias además de lidiar con la delincuencia que se ha apoderado de esta actividad.
El nido de Ali-Babá
Nada podrá ser igual para la burocracia del gobierno federal a partir de lo que pasó aquella noche del 1 de abril del 2022. Ese día Arturo Jair Almeida Sánchez, quien se desempeñaba como titular de la dirección de Inspección y Vigilancia de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) fue detenido en compañía de Omar Eliud Vázquez Truijillo y Mauricio Vargas Ávila cuando iban a bordo de un vehículo de la dependencia al muelle Bonfil a tratar de asegurar 12 toneladas de filete de pescado con un valor de dos millones de pesos.
El exfuncionario y sus dos cómplices se presentaron en las instalaciones de una empresa pesquera con un documento apócrifo como respaldo para incautar la mercancía. Algo falló que al salir fueron capturados in fraganti. El caso desnudó lo que era un secreto a voces en la comunidad pesquera de las costas del Mar de Cortés, la dirección de Inspección y Vigilancia de Conapesca es lo más parecido a la cueva de Ali-Babá por la corrupción que impera. Si el fenómeno "invisible" es el crecimiento de las extorsiones a los empresarios de la pesca, el segundo serían los delincuentes de cuello blanco como el caso del exdirector de Inspección y Vigilancia.
Pescadores de Mazatlán que pidieron permanecer en el anonimato por motivos de seguridad, confirmaron que ilegalidades como esas son muy comunes en los muelles de Mazatlán. De forma constante les exigen mínimo 600 mil pesos por no levantarles actas o por permisos de pesca.
"Ahí hay beneficio para el gobierno también porque ellos mismos autorizan a que salgan pangas cuando no deben, cuando hay veda. Este año así le pasó a muchos; salieron, pero no encontraron casi nada porque ya se lo habían llevado y entonces los barcos tienen que irse más lejos a buscarle, pero es arriesgado", dice uno de ellos.
Otro de los pescadores que tiene más de 15 años en la actividad y ha pasado por todos los escalafones en un barco, aseguró que "junto con sus colegas han visto a las autoridades coludidas en prácticas ilegales a tal nivel que desconocen en manos de quién esté la seguridad de la actividad pesquera". En ocasiones están las tripulaciones de los camaroneros en los muelles y a plena luz del día llegan las camionetas con gente desconocida a pedir "mordida" a las congeladoras y las empresas y nadie supo, ni vio nada.
"Hasta delante de los de Conapesca pasan cosas, también ellos están involucrados, eso ya tiene años oiga, no hay seguridad, no hay nada, permiten todo".
La ruta del tráfico por litorales de Sinaloa
No es un fenómeno nuevo, durante décadas, el crimen organizado ha controlado todo el litoral sinaloense que se interna en el Golfo de California para trasegar cargamentos de droga que tienen como destino la frontera norte del país.
Nada más durante 2021, la Secretaría de Marina reportó el aseguramiento de 12 mil kilogramos de distintos narcóticos, como metanfetamina, fentanilo y cocaína en esta ruta que no sólo inicia en el estado, sino que tiene como punto de partidas entidades como Nayarit y Colima.
El golpe más reciente en este punto del Mar de Cortés, ocurrió entre el 14 y 15 de febrero de 2022, cuando embarcaciones de la Marina interceptaron entre Sinaloa y Baja California Sur más de tres toneladas de cocaína y cinco mil litros de combustible que iban en varias lanchas.
En el operativo intervino la flota de la Cuarta Zona Naval de Mazatlán y de la Sexta, con sede en La Paz. Los traficantes fueron detectados por los radares a unos 125 kilómetros de Cabo San Lucas, iban en una embarcación con tres motores fuera de borda. No alcanzaron a internarse en el Golfo de California.
Más inspecciones
A fines de enero de 2021, por informantes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), la Marina monitoreó en tiempo real una lancha que partió del campo pesquero de Las Arenitas y fue alcanzada por una patrulla naval frente a la costa de Topolobampo, en Ahome.
En la lancha iban más de 100 mil pastillas de fentanilo y al menos 2.5 toneladas de mentanfetamina. Los agentes indentificaron a los tripulantes como eran José Loreto Gastélum Torres y Fredy Alejandro Gastélum Vega dos humildes pescadores originarios de Las Arenitas, sindicatura de Eldorado, quienes cobraban del programa de apoyo por pandemia de la Secretaría de Pesca. Ambos habían sido enganchados por la familia sinaloense para llevar la carga a San Felipe, Baja California. Fueron sentenciados a ocho años de prisión, y pesa sobre ellos un juicio en la corte federal de Nueva York, por trasiego de drogas.
Meses después de este decomiso, la Marina volvió a detectar otra embarcación cargada con metanfetamina frente a la costa de Navolato. Por esos días cerca de El Molino, descubrieron un narcolaboratorio entre los manglares.
Testimonios de pobladores de campos pesqueros de la zona centro norte de Sinaloa refieren que "todavía es habitual ver embarcaciones partir durante las noches y madrugadas cargadas de estupefacientes. Tienen como destino Puerto Peñasco, San Felipe u otros puntos para continuar su camino a la frontera".
"Los invitan para hacer los viajes, algunos van y vienen con éxito, otros son detenidos; incluso otros se pierden en el mar y ya no vuelven", cuenta un vecino de Angostura.
"En La Reforma y otros campos pesqueros, hay muchas historias, lo cierto es que algunos solo quieren llevar algunos viajes, para tener dinero en el tiempo del piojillo", apunta.
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Meses antes del arresto de los dos de Las Arenitas, tres pescadores de La Reforma fueron detenidos frente a las costas de Quitana Roo en el Caribe mexicano con un cargamento de tres toneladas de cocaína.
Publicada originalmente en El Sol de Sinaloa
