LIMA. La crisis política que afronta Perú en los últimos meses se reavivó luego de que el presidente Pedro Castillo fuera acusado de tener vínculos con la corrupción y este respondiera denunciando que un “grupo de poder” intenta destituirlo del cargo.
La frágil tregua pactada hace dos semanas entre el Ejecutivo y el Legislativo, enfrentados desde el inicio de la gestión de Castillo, el 28 de julio pasado, se rompió con la publicación de las declaraciones de una empresaria ante la Fiscalía y el casi inmediato anuncio de un sector de la oposición política de que buscará presentar una moción de vacancia (destitución) contra el mandatario.
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La presidenta del Congreso, la opositora María del Carmen Alva, adelantó a primera hora de hoy la reunión de la Junta de Portavoces para analizar la revelación de que la empresaria Karelim López, investigada por la Fiscalía, ha implicado a Castillo en un presunto caso de corrupción.
Alva tomó la medida “con carácter de urgencia, debido a la grave situación por la que atraviesa” su país, tras lo cual reafirmó su “compromiso en la lucha contra la corrupción”.
En principio, tanto un sector de políticos como analistas han anticipado que la oposición en el Congreso intentará alcanzar hoy un acuerdo para presentar una moción de vacancia (destitución) contra Castillo por “incapacidad moral”.
Castillo acusó ayer a la fiscalía de sumarse a los intentos de la oposición conservadora de desestabilizar su gobierno, tras difundir la prensa la declaración de la empresaria.
“Esto evidencia que la fiscalía estaría formando parte de un complot para desestabilizar al gobierno”, dijo Castillo en breve mensaje al país por televisión.
“Desmienta o renuncie, presidente”, tituló en portada el diario La República.
Castillo ya había denunciado el sábado un intento de golpe de estado desde el Congreso por este caso, por lo cual pidió activar la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Según la prensa, la empresaria, que es investigada por su presunta participación en delitos de corrupción, implicó a Castillo en actividades de una supuesta organización criminal enquistada en el gobierno.
El objetivo de dicha organización, que estaría infiltrada en diversos ministerios y el Congreso, sería obtener dinero con las licitaciones de obras públicas, dice el diario La República.
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