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Con la llegada de la pandemia a México, organizaciones criminales encontraron un nuevo nicho para defraudar a la gente a través de la venta de pruebas apócrifas para detectar Covid-19, además de cubrebocas y gel antibacterial sin proceso de calidad que jóvenes reclutados por estos grupos distribuyen en mercados y tianguis.
La venta apócrifa de este material se concentra en la Ciudad de México, Jalisco, Tamaulipas y Chihuahua. En este último estado, el mes pasado la Administración General de Aduanas (AGA) y la Guardia Nacional decomisaron 10 mil 950 piezas de pruebas médicas para Covid-19, en el punto fronterizo de la sección aduanera de Zaragoza, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
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Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), sostiene que detrás de este contrabando está el crimen organizado que, a través del comercio informal, rodea las calles donde sólo basta con abrir la cajuela de sus autos para comercializar gel antibacterial, mascarillas y pruebas rápidas de Covid-19.
“La autoridad federal detectó que los delincuentes no sólo están montando laboratorios falsos para aplicar pruebas apócrifas, sino que suplantan páginas oficiales como ocurrió hace unos meses con la farmacéutica Bayer, a través de la cual pedían depósitos bancarios a cambio de mandarles pruebas rápidas del virus que nunca llegaron”, dijo en entrevista a El Sol de México.
El jueves 26 de marzo, la farmacéutica emitió un comunicado alertando de una cuenta falsa en Facebook que vendía pruebas de detección de coronavirus a su nombre.
De acuerdo con Sapién Santos, los grupos criminales se han trasladado de los tianguis al internet, ofreciendo pruebas falsas que llegan a costar entre 22 mil y 24 mil pesos.
Suplantan con logotipos a farmacéuticas reconocidas y establecidasRaúl Sapién Santos / Consejo Nacional de Seguridad Privada
“El fraude en las pruebas falsas consiste en entregar paquetes de 25 reactivos y suplantan con logotipos a farmacéuticas reconocidas y establecidas”.
A esto se suma una falta de supervisión por parte de los tres órdenes de Gobierno para evitar la venta de pruebas apócrifas de Covid-19 aun en laboratorios que no tienen relación con las organizaciones criminales.
En junio pasado, el Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico (COMED) señaló que había laboratorios aplicando pruebas no autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para utilizarse en México. Añadió que la Cofepris estaba incumpliendo con la vigilancia para asegurar que los laboratorios ofertaran pruebas rápidas certificadas.
Luego la Cofepris detectó que en Chihuahua se vendían pruebas rápidas de Covid-19 a bajo costo a través de redes sociales, con una supuesta efectividad similar a la “Reacción en Cadena de la Polimerasa” (PCR por sus siglas en inglés), las cuales se aplicaban a domicilio y daban resultado en menos de 15 minutos.
ALERTAN SOBRE RIESGOS
Para impedir que esto siguiera sucediendo, desde agosto la dependencia reveló una lista de 19 pruebas serológicas IgG e IgM (pruebas rápidas) para Covid-19 y su fabricante. Además advirtió que las que se ofertan en redes sociales representan un riesgo “ya que pudieran llevar a una toma de decisiones equivocada, al utilizar una prueba cuyos resultados generen una interpretación inexacta, respecto a la posible presencia de anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2”.
Paralelamente, las fiscalías y secretarías de Salud estatales han llevado a cabo clausuras de laboratorios que realizaban pruebas para detectar Covid-19 sin los permisos necesarios. En Jalisco, por ejemplo, fue clausurado el Hospital Puerta de Hierro; y en Tamaulipas y Oaxaca, fueron cerrados laboratorios por no estar certificados y no exhibir los precios al público de la prueba.
En Michoacán, autoridades pidieron el apoyo de la Cofepris al detectar que laboratorios de Morelia emitían falsos positivos de Covid-19, es decir, arrojaban resultados positivos pero al realizar una segunda prueba en otro laboratorio, los resultados salían negativos.
Lo mismo ha ocurrido en Veracruz, Ciudad de México y Estado de México, aunque en todos estos casos no se ha comprobado una relación entre los laboratorios y el crimen.
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