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Desde que se creó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el año 2000, sólo cuatro por ciento de sus cuatro mil denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General de la República) ha derivado en una sentencia. Y apenas se ha recuperado 10 por ciento del monto que el órgano fiscalizador considera como posible daño al erario en sus informes a las cuentas públicas.
Estos datos los proporciona Marco Fernández, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y miembro de la organización México Evalúa. De acuerdo con el investigador, la discusión sobre el futuro de la ASF debe centrarse en contar con una fiscalización superior con efectos anticorrupción y una reducción significativa de la impunidad, más allá del desempeño de su actual titular, David Colmenares.
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“El problema estructural verdadero, si les importa a los legisladores, más allá del deficiente desempeño de Colmenares, es meter cirugía a que las atribuciones con las que ya cuenta la institución realmente funcionen en acciones que permitan el control efectivo de la corrupción y que no haya impunidad derivada de las acciones”, indica.
En entrevista con El Sol de México, Fernández señala que la discusión actual sobre el papel de la ASF no debe centrarse sólo en su más reciente informe sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, como lo ha hecho insistentemente el presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos días.
Y agrega que el Gobierno federal también tiene que aclarar todas las otras observaciones que la Auditoría realizó en su revisión a la Cuenta Pública 2019.
Este lunes, David Colmenares comparecerá ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados luego de que el órgano fiscalizador se retractara de las conclusiones de su informe sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco, cuyo costo estimó en casi 332 mil millones de pesos, el triple de lo calculado por la administración de López Obrador. El primer mandatario ha aprovechado la controversia por el contenido de ese informe para arreciar su ataque contra los auditores al señalar “mala fe” de su parte. Sin embargo, Fernández pide considerar todos los informes que emitió la Auditoría y no centrarse en uno solo.
“El problema es que son múltiples informes y se van a querer concentrar sobre todo en el del aeropuerto, cuando en los informes de labores de la Auditoría hay preocupantes hallazgos en Jóvenes Construyendo el Futuro, en Dos Bocas, en Sembrando Vida, etcétera, en donde espero que haya la capacidad de ver la fotografía amplia de toda la situación”, dice el experto. Por ejemplo, respecto a Dos Bocas, señala que la ASF encontró que Pemex, bajo el argumento del “secreto comercial”, le entregó información incompleta. Además, que sólo siete de las 27 empresas a las que la petrolera dio contratos para una serie de servicios asociados a este proyecto, lograron comprobar tener la capacidad para realizarlos.
Fernández considera que las descalificaciones presidenciales han dañado la credibilidad de la ASF, con la cual “tramposamente” el mandatario sembró la duda para que “se desacredite el resto de los informes de la auditoría”. Agrega que estas descalificaciones son simplemente producto de ignorar cómo es el proceso de auditoría. “Lo que tampoco se ha explicado a la gente es que antes de que se cerraran los informes (...) por ley la Auditoría hace la confronta de los hallazgos preliminares con los entes auditados, y no hay información que sugiera que en esas confrontas el Gobierno federal hubiera dicho ‘aquí está mi información’”.
Por aparte, el diputado perredista Antonio Ortega Martínez, vicepresidente de la Mesa de Decanos en San Lázaro, coincidió en que López Obrador intenta debilitar al órgano fiscalizador con sus reclamos, pero también a la Cámara de Diputados. Enfatizó que la ASF tiene como responsabilidad y mandato rendir cuentas a San Lázaro y a nadie más. Ortega Martínez, que también es secretario de la Comisión de Hacienda, alertó que el Presidente pretende dar un duro golpe a la facultad de control que tiene el Congreso sobre el ejercicio del gasto público. Pero además, indicó, lesiona la vida institucional del país al flagelar la división y el equilibrio de poderes que marca la Constitución.
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