La dirigencia colegiada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso que la Cámara de Diputados audite, mediante una Comisión de Investigación, el origen de seis propiedades de la actual secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, pues aseguraron que el gobierno de la llamada 4T está solapando actos de corrupción al interior de su administración.
Los integrantes de la Dirección Nacional Extraordinaria exigieron se transparente el origen de esa fortuna y se revise su declaración patrimonial, ya que no coincide con lo que realmente posee la funcionaria, en el que se incluyan avalúos reales de sus propiedades.
También pidieron una investigación exhaustiva del caso y que la actual secretaria de la Función Pública deje el cargo hasta que concluya las indagatorias, pues estas acusaciones van contra la ética de los servidores públicos.
Así mismo, cuestionaron que secretarios como Olga Sánchez Cordero, Rocío Nahle y Miguel Torruco, de Gobernación, Energía y Turismo, respectivamente, así como el titular de la Unidad de Inteligencia, Santiago Nieto, así como los subsecretarios Ricardo Peralta y Hugo López Gatell, entre otros, cerraron filas a favor de Irma Eréndira.
En ese sentido, consideraron que el discurso de la 4T sobre el combate a la corrupción se queda solamente en palabras y no en hechos cuando se trata de investigar sus propios casos de corrupción.
La DNE lamentó que actualmente el país esté padeciendo el peor régimen de corrupción y que el gobierno no haga nada e incluso solape diversas fechorías de sus aliados, pese a que existen pruebas de acciones ilegales pero pareciera que el presidente siempre maneja sus propios datos y sus verdades, las cuales están alejadas de la realidad.
Criticaron que al interior de la administración federal no se esté investigando diversos hechos de corrupción como el de Manuel Bartlett, Ana Gabriela Guevara, y la propia secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, así como el caso de Yeidckol Polevnsky a quien se le acusa de lavado de dinero y de no aclarar la compra de inmuebles y pagos por 809 millones de pesos.
Por último, cuestionaron que el propio presidente haya prácticamente exonerado al actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y a funcionarios de su administración, pese a que existía una denuncia en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero y trasferencias ilegales.
