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Como lo perfiló desde el martes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó esta noche el proyecto de las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación por el cual se ordena a los partidos postular al menos a una mujer en los comicios locales de 2023 que se celebrarán en Estado de México y Coahuila.
Al acatar la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los consejeros resolvieron el asunto de manera unánime, con lo que buscan promover y mantener la equidad de género en materia electoral.
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En marzo y abril pasado el TEPJF dictó dos sentencias en las cuales ordenó al INE supervisar que los partidos políticos modificaran sus reglas internas de competitividad a fin de que se establecieran claramente los procesos para postular candidatas mujeres a gubernaturas antes del 31 de octubre.
De esta manera, si un partido decide competir para ambas gubernaturas, en al menos una de ellas tiene que postular a una candidata, sin embargo, bajo el principio de competitividad contemplado por los consejeros, los institutos la deberán proponer a dicha candidata en la entidad donde tenga más posibilidades de ganar.
Lo anterior, en el caso de Morena, dejaría la vía libre para que sea la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, y no el senador Higinio Martínez o el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Horacio Duarte, quien pueda competir por la gubernatura en el Estado de México.
Aunque no se mantuvo como un requisito imprescindible para la designación de las candidaturas, dicha medida fue criticada ampliamente por los partidos políticos, ya que acusaron que el INE pretende violar su autonomía al señalar específicamente en qué entidades no pueden competir candidatos hombres.
Todos los representantes de las fuerzas políticas se mostraron a favor de que se busque ampliar la participación de las mujeres en la vida política del país, no obstante, lamentaron las formas a las que el órgano electoral recurrió, subrayando específicamente el que las mujeres deberán ser postuladas en las entidades donde su partido cuente con más apoyo electoral, tomando en cuenta los resultados obtenidos en la elección anterior.
“Los buenos fines no pueden ser acompañados de malos medios, ya que desde nuestra perspectiva esta autoridad electoral incurre en exceso (...), con la aprobación de este acuerdo advertimos que el Consejo General estaría invadiendo competencial y jurisdiccionalmente lo que corresponde a las soberanías de los estados”, condenó la representante del PAN, Marisol Vargas.
De tal manera que los partidos adelantaron que impugnarán el fallo al considerar que se viola la vida interna de los institutos políticos.
El referido principio de competitividad eclipsó la discusión y el debate entre los consejeros del INE, ya que mientras algunos consideraron loable esta imposición a los partidos, otros se manifestaron en contra al considerar que se violarían los derechos políticos de los aspirantes a candidatos en Estado de México y Coahuila.
Al respecto, el consejero Uuc-kib Espadas argumentó que los criterios de competitividad muestran muchas carencias como herramientas para determinar en dónde se debe o no postular a una candidata y agregó que, aunque él cree que en las elecciones se pondera primordialmente al partido sobre el aspirante al cargo popular, no se puede suponer que la persona que encabeza la candidatura no puede ser un factor determinante es un error.
“Creo que hay un criterio de competitividad que será muy arbitrario de cualquier manera que se aplique y que esto se puede disolver en el número, cuando lo que se elige es una cantidad importante de cargos, pero que en dos posiciones es absolutamente imposible de aplicar con un mínimo criterio de justicia”, razonó.
A su exposición se sumó el consejero Ciro Murayama, quien pidió ordenar a los partidos que modifiquen sus reglas internas, pero que sean ellos los que elijan la entidad en la cual desean postular a una candidata.
No obstante, la consejera Adriana Favela rechazó la propuesta, pues recordó que el INE no es el órgano que decide los alcances del proyecto, sino que este sólo obedece a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal, el cual pidió garantizar el principio de competitividad.
“Se está dando cumplimiento a las sentencias que se emitieron el 30 de marzo y el 20 de abril de este año, que la Sala Superior vinculó a todos los partidos políticos nacionales para que estuvieran haciendo las reformas a su normatividad interna para prever los mecanismos para garantizar la paridad sustantiva a través de criterios de competitividad. Nosotros no estamos aquí diciendo cuáles tienen que ser los criterios de competitividad, lo que estamos diciendo es ‘partidos políticos hagan estas reformas a sus documentos básicos para que ya cumplan con esta sentencia (del Tribunal) y ustedes van a determinar cuáles van a ser esos criterios, nosotros no’”, sentenció.
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