“Históricamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado marcada por un vacío de especialización técnica jurídica, en materia de derecho internacional y de los derechos humanos”, criticó la aspirante a ministra, Loretta Ortíz Ahlf, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de la República.
Por ello, consideró que su postulación presidencial, es la idónea ya que enfatizó que “a la fecha, no se ha designado una sola ministra ni ministro, que cuente o haya contado con una distintiva dedicación durante toda su vida profesional al derecho internacional, ya sea público o privado”, cualidades con las que cuenta en su historia curricular.
“Tampoco ha ocupado dicho cargo ninguna persona con la misma solidez, formación y preocupación, por defender los derechos humanos desde la esfera teórica como práctica”, agregó.
En este sentido, señaló que los países mejor evaluados en términos de impartición de justicia, como Alemania, Argentina o Noruega, cuentan como mínimo con una persona que ha enfocado su actividad jurídica en alguna de las ramas del derecho internacional, público o privado, por lo que cuentan con mejores
“En estos países se ha considerado necesario que hasta incluso el 31.5 de los integrantes de sus máximas autoridades judiciales sean juristas, con especialidad en la materia de derecho internacional”, ejemplificó, al acusar que según la Organización del World Justice Project, México se ubica reprobado en el lugar 100, de 113 países evaluados respecto a la impartición de justicia civil, y, en materia de justicia penal, en el lugar 105 de estos 113.
“Lo anterior, además de ser sumamente vergonzoso, es sintomático del atraso que sufren nuestras instituciones en impartición de justicia y de la imperante necesidad de refrescar la praxis judicial con ideas y perfiles novedosos y especializados”, consideró.
En medio de un cantado conflicto entre los Poderes de la unión por la austeridad planteada por el nuevo gobierno, Ortíz Ahlf apuntó que de ser electa ministra de la Suprema Corte velará por respetar y proteger la división de poderes, los valores republicanos y la democracia de México.
“Tengo la convicción de que en la relación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el Poder Ejecutivo, es fundamental que haya independencia y división de poderes, así como diálogo, respeto y autonomía”, agregó.
Señaló que se regirá exclusivamente con base al derecho positivo y convencional mexicano, así como que tendrá como máxima autoridad, a la Carta Magna nacional.
A su vez, expreso que es evidente que en nuestro país se requieren criterios claros sobre las consecuencias para los juzgadores, en caso de incurrir en error judicial inexcusable, así como sobre la responsabilidad del Estado por el mismo motivo.
Por lo que mencionó se debe de abordar esta problemática con estándares y ejemplos internacionales en la materia “con el fin de fortalecer el funcionamiento del Poder Judicial y asegurar que ningún otro Poder, ya sea real o fáctico, influya en éste”. “Estoy personalmente comprometida con esta causa”, aseguró.
Así mismo, recalcó que impulsará el fomento de una justicia más expedita y cercana al pueblo de México y a la sociedad civil organizada, como indicaron sus compañeras de terna Celia maya y Yasmín Esquivel previamente.
“Voy a contribuir a fortalecer y recuperar la confianza en las instituciones judiciales”, añadió, al tiempo que adelantó que una de sus prioridades será “sostener y promover una política de tolerancia cero ante la corrupción, tráfico de influencias, el nepotismo en todos los niveles del Poder Judicial, así como en todos los ámbitos de la administración de justicia”.
Ello luego, de recordar que de acuerdo con el índice global de impunidad en 2017, México ocupó el lugar sexagésimo sexto de 193 Estados miembros de Naciones Unidas en materia de impunidad.
“Mi principal mandato será combatir el cáncer de la impunidad en nuestro país, porque México ya no puede posponer ni simular la justicia ni un solo día más”, acotó.
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