El 1 de julio de 2018 se cumplió un ciclo histórico y ocurrió un hecho esperado: la elección de renovación de poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como de gobiernos estatales, congresos locales y ayuntamientos constitucionales; la votación más legitimada de la historia reciente de nuestro país.
El comienzo ha sido de contrastes, pero, sobre todo, de esperanzas y de una gran expectativa ciudadana. Un presidente electo insólitamente movilizado, proactivo, y con claridad en sus propuestas y mensajes. No ha variado su discurso en torno a la política social; ya ha iniciado un proceso de consultas para la toma de decisiones en proyectos fundamentales, como ocurrió con el NAIM y sucederá con los 10 programas prioritarios que propone establecer a partir del 1º de diciembre, a saber:
Sigue a detalle la cobertura de El Sol de México en la siguiente liga:
Día histórico para México. En vivo cada detalle de la toma de protesta de AMLO
- Construir el Tren Maya.
- Conectar, con un tren, los océanos Pacífico y Atlántico.
- Construir una refinería en Tabasco.
- Plantar árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas.
- Duplicar la pensión a personas adultas mayores.
- Otorgar becas y capacitación laboral a jóvenes que no estudian ni trabajan.
- Becar a estudiantes de escuelas públicas de nivel medio superior.
- Pensionar a un millón de personas con discapacidad.
- Garantizar atención médica y medicinas a población sin acceso a servicios de salud.
- Proveer cobertura gratuita de internet en algunos sitios públicos del país.
Y en materia de política económica, el reto principal, que todos esperamos y que se hará realidad, es la separación del poder económico del político, y que éste nunca más se subordine a aquél.
Durante 21 años de mi vida pública he acompañado en su larga travesía al presidente electo. Puedo afirmar que es un hombre lúcido, perseverante y, sobre todo, honesto. Conoce como nadie cada rincón del país: ha recorrido los 2,457 municipios que conforman la República, y sus características principales han sido la congruencia y la constancia.
El comienzo no ha estado exento de intereses que intentan mantener privilegios y paraísos imperturbables, aunque podríamos decir que la relación entre los poderes formales y fácticos ha sido tersa; la transmisión de poderes, la entrega-recepción, y la actitud presidencial han caminado sin sobresaltos. Lo mismo que con dos de las instituciones más representativas de las Fuerzas Armadas, en la renovación y el nombramiento del titular de la Sedena y del de la Semar, y con los cargos más significativos de la administración pública.
Relación Ejecutivo-Legislativo
Influenciados por el movimiento social que encabezó Andrés Manuel López Obrador, legisladores del Congreso de la Unión iniciaron funciones el 1 de septiembre de 2018, tres meses antes que el titular del Ejecutivo federal, y en ambas cámaras han comenzado los procesos de reconfiguración y austeridad, cuyo cumplimiento demanda la sociedad.
Y desde el inicio de la legislatura han operado en las dos cámaras la eliminación de privilegios y la disminución del costo económico del Poder Legislativo al Gobierno, con medidas como la eliminación del seguro de gastos médicos y el de separación individualizado, el complemento de aguinaldo y el estímulo por evaluación del desempeño; además de reducciones en rubros como asignaciones a grupos parlamentarios, techos de apoyo técnico, plazas de estructura y honorarios, número de comisiones y viajes internacionales, pago de impuestos a trabajadores, publicaciones y adquisiciones.
Además de los programas de austeridad, se intenta dar viabilidad al programa de gobierno y otorgarle un marco jurídico y normativo adecuado y actualizado a las nuevas responsabilidades y desafíos que se enfrentan. La nueva administración federal comenzará a ejercer su función con una agenda mínima prioritaria que incluye, entre otras acciones, austeridad republicana como política de Estado; disminución de salarios onerosos para altos funcionarios; eliminación de fueros y privilegios; una nueva reforma educativa; revocación de mandato; reducción de requisitos para consultas populares; modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; creación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; elevación a la categoría de delitos graves al peculado, corrupción, extorsión, robo de combustibles, robo al transporte en carreteras y en vías ferroviarias, así como el establecimiento de la extinción de dominio por delitos de corrupción cometidos por servidores públicos o los provenientes de ilícitos como encubrimiento, delincuencia organizada, contra la salud, trata de personas y secuestro, entre otros.
Relación Ejecutivo-Judicial
La relación entre ambos poderes ha caminado sin alteraciones, esperando que el Judicial asuma una conducta de moderación y autolimitación en sus percepciones económicas y gastos, en atención a la emergencia nacional de austeridad a la que nos debemos someter los poderes, órganos autónomos y todo ente que disponga de recursos públicos para su funcionamiento.
El Poder Judicial tiene una encomienda suprema: actuar de manera congruente con el momento que se vive en la coyuntura nacional; se puede proceder con mayor sobriedad y austeridad, sin que ello implique vulnerar su autonomía o su independencia. Es un reto mayor el que enfrentará la relación entre el Ejecutivo y el Judicial, sobre todo ante la vigilancia y las demandas de una sociedad despierta, exigente, que no titubea ni posterga sus reclamos.
Este Poder tiene un enorme reto de cara a la sociedad, y el Legislativo, concretamente la Cámara de Diputados, tendrá que hacer un esfuerzo extraordinario para ajustar los presupuestos, por razones de Estado, a fin de lograr atender a los sectores más desprotegidos, urgidos de ayuda y apoyo.
Relación Ejecutivo-poderes fácticos
La relación del presidente electo con medios de comunicación, iglesias o asociaciones religiosas, universidades, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y grupos sociales organizados ha transitado por un sendero de dudas, escepticismo y reclamos, pero también, pavimentado de esperanza y confianza.
AMLO será el presidente que más retos enfrentará en la historia del país: una deuda impagable, que se incrementó en los últimos sexenios; de manera relevante, la inseguridad pública, que representa el principal reclamo social; la corrupción, que no se puede ni se debe perdonar, sino fijar con firmeza medidas ejemplares y sanciones legales a los responsables por el quebranto, saqueo y dispendio de recursos públicos; el abismo de la desigualdad, creciente en las últimas décadas, y la impunidad, otro gran lastre de nuestra sociedad.
Es enorme el número de desafíos que integran la herencia que recibirá Andrés Manuel López Obrador. No será fácil el camino que recorrerá, necesita la confianza de las personas que en él creemos, el respaldo de las más desfavorecidas, la inteligencia de las clases medias, la tolerancia y mesura de los sectores económicamente poderosos. No se podrá avanzar en conflicto y en desencuentro permanentes: la construcción del nuevo diseño, el cambio de régimen, son posibles, y estoy seguro de que se lograrán.
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