La Fiscalía General de la Republica (FGR) se prepara para ejercer acción penal en contra de varios servidores públicos y agentes económicos que habrían cometido prácticas monopólicas absolutas en licitaciones públicas del sector salud entre el 2011 y 2015.
La investigación forma parte de la denuncia que en octubre pasado interpuso la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ante la FGR contra agentes económicos por presuntamente coordinarse para repartirse contratos públicos de servicios integrales de estudios de laboratorio y de banco de sangre (expediente DE-011-2016), siendo el único asunto en donde ya emitió un Dictamen de Probable Responsabilidad y tendría elementos para iniciar una querella ante la FGR.
El pasado 5 de noviembre, El Sol de México publicó que Cofece había emitido 34 notificaciones a en su investigación por presuntas actividades monopólicas en los servicios de estudios de laboratorio y de banco de sangre.
Derivado de esto, Dicipa, Abbott, Hemoser, Valtrum e Impromed, el distribuidor Almacén de Drogas, además de los proveedores de equipos y soluciones Grupo Vitalmex, Centrum Promotora Internacional, Instrumentos y Equipos Falcon, así como Selecciones Médicas y Selecciones Médicas del Centro, filiales de Fármacos Especializados, fueron notificados por la autoridad
Las investigaciones avanzan y se tiene identificado que en los últimos 15 años, el denominado Cártel de la Sangre habría monopolizado el servicio de laboratorios clínicos y el banco de sangre en el IMSS
El titular del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que abrió las licitaciones a empresas que nunca las habían podido competir, ya que se espera que se habrán contratos para operar laboratorios por el orden de los 15 mil millones de pesos y el banco de sangre por 3 mil 400 millones.
También a ex funcionarios del IMSS, como Agustín Amaya Chávez, ex coordinador de Bienes y Contrataciones de Servicios en el IMSS, quien hoy es director de la empresa Instrumentos y Equipos Falcon, quien en 2008 adjudicó contratos directos por 80 millones de pesos para surtir 6 millones de piezas de calcio efervescente, lo que le valió una denuncia ante la entonces PGR.
De hallarse culpables por la comisión de estos ilícitos, los agentes económicos pueden ser sancionados con hasta 10 por ciento de sus ingresos anuales (personas morales), inhabilitación de hasta cinco años para el ejercicio de cargos directivos (personas físicas) o prisión de entre cinco y 10 años, de conformidad con el artículo 77 de la Ley Federal de Competencia Económica y el 254 bis del Código Penal Federal.
