Entre algunas protestas y gritos de “familia natural”, la LXIII Legislatura dio lectura al dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforma el Código Familiar del Estado de Zacatecas en materia de matrimonio igualitario.
Con esto, se está a un paso de la aprobación de la aprobación de los matrimonios entre parejas del mismo sexo en el estado de Zacatecas.
Se citó a sesión del pleno para mañana miércoles, con lo que podría ser aprobado el dictamen.
La bandera multicolor también apareció entre gritos de: “derechos iguales a personas homosexuales”.
El dictamen se presentó con el voto en contra de los diputados Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval, del Partido Nueva Alianza, y Raúl Ulloa Guzmán, del Partido Encuentro Social.
El Dictamen
El dictamen fue leído por la diputada Carolina Dávila, y señaló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha determinado que los principios de igualdad y no discriminación son partes del estado de derecho, agrega que todas las personas, instituciones, entidades públicas y privadas, están obligados a acatar leyes justas, imparciales, equitativas, y sin discriminación.
La pasada Honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, presentó un par de iniciativas referentes a garantizar el derecho al matrimonio igualitario, en la que se expresaba que “La homosexualidad, según sabemos por la investigación moderna, ha existido en todas las épocas de la historia y a lo largo de todo el mundo. Ha existido en todas las culturas, sea tolerada y respetada o no. La única diferencia es la forma declarada u oculta con que se vive”.
En el caso específico de la diversidad sexual, la etapa de la historia en que debían ser invisibles, se ha dado porque “numerosos Estados y sociedades imponen normas de género y de orientación sexual a las personas a través de las costumbres, las leyes y la violencia, y se afanan en controlar las formas en que ellas experimentan las relaciones personales y cómo se identifican a sí mismas”.
En México las comunidades lésbico gay (LGBTTTI) enfrentan obstáculos sustantivos en el ejercicio de todo tipo de derechos, tales como el acceso a la educación, al empleo, a la salud, e incluso en el mismo proceso de desarrollo de la identidad, las personas que tienen una orientación sexual, identidad o expresión de género, o características sexuales diversas encuentran barreras motivadas por prejuicios sociales u omisiones legales.
Generalmente, dichos prejuicios provienen de la valoración positiva que se da a la heterosexualidad, así como a la presunta congruencia que se cree debería existir entre la identidad de género de una persona y el sexo que le fue asignado al nacer, o bien a las características corporales que se consideran “normales”.
En ocasiones, esto contribuye a casos de violencia que pueden terminar con la vida de las personas. Hoy es urgente situarnos en el campo del grupo minoritario LGBTTTI, sometido a prejuicios fóbicos, la ley no puede prohibir ni sancionar ninguna práctica homosexual por el derecho fundamental a la libre opción sexual.
Por tanto, un consenso mayoritario no puede avalar el que se relegue a los homosexuales al nivel de ciudadanos de segunda categoría.
Las personas LGBTTTI están sujetas a prejuicios con alto arraigo en la sociedad y en las instituciones. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación, 2017 (ENADIS), un tercio de la población no estaría dispuesta a rentar una habitación a personas trans (36%) ni a personas lesbianas o gay (32%), y a cuatro de cada diez personas no les gustaría que una persona gay o lesbiana fuera electa para la Presidencia de la República, esto lo reporta el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2018 (Conapred).
