A una semana de que inició la toma de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJE), sigue sin haber una mesa formal de negociaciones entre autoridades y trabajadores que exigen un aumento salarial y mejores condiciones laborales.
Ante la falta de acuerdos, una comisión de trabajadores expresó su problemática en el Congreso de la Unión y solicitó el apoyo de los diputados federales.
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Representando a fiscales del Ministerio Público, policías de investigación, peritos y personal administrativo, el trabajador Adrián García lamentó la falta de respuesta a la petición del reajuste salarial que no se ha dado desde hace seis años.
“En el estado donde están las ciudades con mayor inseguridad, somos los trabajadores que menos ganamos a nivel nacional”, recalcó acompañado por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Marcelino Castañeda. Como ejemplo dijo que los policías de investigación “arriesgan su vida” por sólo seis mil pesos quincenales.
La perito Irma Alvarado denunció la falta de medios dignos para desempeñar su trabajo, como vehículos en buen estado y “hasta de lo más elemental que son hojas de papel”.
La fiscal del Ministerio Público, Yolanda Trejo negó que su movimiento tenga algún tinte político y pidió la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para que revise el ejercicio de recursos de la Fiscalía, iniciando por el salario del fiscal general.
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Desde el 11 de agosto, los inconformes impiden el acceso a las oficinas centrales de la Fiscalía. Días antes y había sido tomado el edificio de servicios periciales donde se resguardan los cadáveres que no han sido identificados y los centros de justicia para las mujeres de Zacatecas y Fresnillo.
La protesta se extendió también a las agencias del ministerio público de Sombrerete, Jalpa, Concepción del Oro, Ojocaliente, Tlaltenango, Nochistlán, Juchipila y Fresnillo.
Afectaciones en justicia
El titular de la Comisión de Estatal de Búsqueda de Personas, Everardo Ramírez Aguayo reconoció que la protesta de trabajadores ha entorpecido las investigaciones relacionadas con personas no localizadas.
“Se ha impedido mucho la búsqueda porque está la Fiscalía tomada, eso nos ha generado un problema porque a las víctimas no se les está dando esa atención que se debe”, dijo en entrevista.
Este año se han registrado 716 casos de personas desaparecidas, de las cuales a la fecha siguen sin ser localizadas 544, de acuerdo con la base de datos de la Comisión Nacional de Búsqueda.
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Francisco Murillo Ruiseco aclaró que la procuración de justicia y la persecución del delito no están paralizadas, sin embargo, reconoció que sí se está obstaculizando el cumplimiento de disposiciones federales, como la que obliga a resguardar las más de 800 armas de la licencia oficial colectiva.
El pasado 15 de agosto, negó públicamente que de su parte exista la intención de llevar a cabo alguna persecución, ni política, ni penal, ni administrativa, en contra de quienes se han manifestado.
Por su parte, el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, ha enfatizado que son justas las demandas de los trabajadores, pero insistió en que no se podrá negociar hasta que no se permita el pleno funcionamiento de la Fiscalía, pues no se puede permitir que la justicia se tome como “rehén”.