Zacatecas, Zac.- “Son argucias irrisorias” manifestó Maríade la Luz Domínguez Campos presidenta de la Comisión de DerechosHumanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), en cuanto a losseñalamientos que se le adjudican de llevar a cabo procesosirregulares en el caso de la comunidad de Salaverna.
Aseveró que eso sólo representa ocultar la forma ilegal encómo se han conducido personal adscrito a la Secretaría Generalde Gobierno “que ha quedado plenamente demostrado y espúblico”.
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Manifestó que gracias a una revisión exhaustiva y apegada a lalegalidad se dio como resultado una revisión emitida el pasado 12de junio, la cual ya ha sido aprobada a excepción de laSecretaría General de Gobierno.
Ahora toca el turno de las y losdiputados locales de citar a comparecer ante el pleno a la titularde dicha Secretaría, Fabiola Gilda Torres, para que sea ahí endonde fundamente las razones de su negativa.
Refirió a que la recomendación recae en esta funcionaria, puesfue ella quien se encargó de encabezar los operativos, “seseñalaba de manera puntual el instrumento recomendatorio quecorresponde a la propia secretaria General de Gobierno y a laspropias autoridades de Gobierno del Estado, iniciar losprocedimientos administrativos y penales".
Domínguez Campos expuso que se deben deslindarresponsabilidades, y en su caso generar las sancionescorrespondientes.
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Esto representa tan sólo uno de los argumentos que representala recomendación, pues se acreditó la violación a los derechoshumanos a la legalidad y la seguridad jurídicas de los habitantesde Salaverna “por no contar con la orden de un juez para bloquearaccesos de la comunidad para realizar intromisiones en losdomicilios, desalojar personas”. Además de esto, el llevar a cabo la demoliciónde inmuebles, como son viviendas, una institución educativa y unaiglesia, sin contar con un documento que fundamentara esaacción, por tanto existe sin duda una vulneración a los derechoshumanos. Finalmente expresó que la recomendaciónseñaló que la maquinaria utilizada en conjunto con camionetas demudanza deja entrever que “ya iban con la clara intención dedesalojar a los habitantes y de demoler las viviendas y demoler losinmuebles” por tanto el acto llevado a cabo por personal deGobierno del Estado el pasado 23 de diciembre del 2016 “fue unacto ilegal, un acto que no tuvo el fundamento jurídico, ni lamotivación para realizarlo y por tanto es violatorio de derechoshumanos”.
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