La senadora Geovanna Bañuelos presentará un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) su intervención en la represión en contra de las mujeres que participaron en la marcha del 8 de marzo en Zacatecas, así como la destitución de funcionarios estatales.
“Es evidente que las y los policías fueron a reprimir y violentar de manera directa a mujeres, incluyendo menores de edad, que se encontraban en la completa indefensión. Este atentado debe ser castigado para que no se repita” expresó la legisladora del Partido del Trabajo.
A través de un comunicado, anunció que en el punto de acuerdo que presentará ante el pleno del Senado, se incluye la solicitud de destituir al secretario general del Gobierno del Estado, así como al titular de la Secretaría de Seguridad Pública por el abuso de autoridad.
Este pronunciamiento se suma al de la diputada Amalia García Medina y al de la senadora Claudia Anaya Mota, quienes desde el fin de semana también condenaron la represión del 8 de marzo ocurrida en la Plaza de Armas de Zacatecas.
Geovanna Bañuelos reprobó los comentarios del secretario general de Gobierno, en los que acusa a un grupo de mujeres como violentadoras, al optar “por una conducta violenta” en contra de los elementos policiacos.
“Por respeto a la lucha feminista que busca la igualdad, la justicia y el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres en nuestro país, el titular de la secretaría general de Gobierno, debería presentar su renuncia. Sus declaraciones son un severo agravio”, enfatizó.
Dadas las graves violaciones a los derechos humanos de las manifestantes, la legisladora señala que es necesario que la CNDH inicie inmediatamente una investigación y emita las correspondientes recomendaciones y sanciones.
También solicitará a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas llevar talleres y capacitación en materia de derechos humanos con perspectiva de género, con el objetivo de que las fuerzas estatales de seguridad no repriman, violenten y se respeten en todo momento los derechos de las mujeres y la ciudadanía.
“Las autoridades estatales y las fuerzas de seguridad tienen la obligación de ser salvaguardas del respeto a los derechos humanos, al Estado de derecho, a la libertad de expresión y manifestación, así como a la paz social, por lo que no se deben escatimar recursos, esfuerzos y acciones para nunca más sea agredida la sociedad civil”.
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