La Presa Milpillas en el estado de Zacatecas es el quinto de 16 proyectos estratégicos de agua de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante la Mañanera del Pueblo de este jueves, se presentó el Plan Nacional Hídrico que se llevará a cabo de 2024 a 2030 en el que se incluyó dicha presa que, según autoridades estatales, tendría un costo aproximado de ocho mil millones de pesos.
El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué afirmó que el Plan Nacional Hídrico está centrado en la recuperación del derecho humano al agua y al rescate a la soberanía en materia de Agua.
"Los proyectos estratégicos del Plan Nacional Hídrico tienen como objetivo dotar de agua potable a zonas de escasez", aseguró Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua.
El Plan Nacional Hídrico incluye ordenar concesiones, crear el Registro Nacional de Agua para el Bienestar, Reformas a la Ley de Aguas Nacionales y expedir una Ley General de Aguas, se pretende tecnificar 200 mil hectáreas de riego, para beneficiar a 225 mil productores de riego.
Presa Milpillas, un largo camino
En 2017 el gobierno federal autorizó el megaproyecto Milpillas, con el que se pretendía asegurar la demanda futura de agua potable para la población del corredor Fresnillo-Zacatecas.
Según el proyecto presentado se trata de construir una presa de almacenamiento de 70 hectómetros cúbicos de capacidad y 89 metros de altura, además de una línea de conducción de 166 kilómetros para un gasto de 1.3 metros cúbicos por segundo, tres plantas de bombeo, plantas potabilizadoras, así como la adquisición de terrenos y pago de indemnizaciones, estudios supervisión y gerencia externa del proyecto.
La inversión de ocho mil millones contempla la construcción del vaso de la presa, la cortina y la línea de conducción de 167 kilómetros que, desde Jiménez del Teúl, pasaría por Fresnillo, Calera, Zacatecas y Guadalupe, zona más poblada del estado.
Susana Rodríguez Márquez, titular de la dependencia, durante su comparecencia en la LXV Legislatura del Estado, insistió en la prioridad de contar con una fuente superficial de agua a largo plazo: “No podemos seguir perforando, nuestros mantos acuíferos están sobreexplotados”.
Susana Rodríguez mencionó que hubo disparidades en la indemnización de tierras a los integrantes de los ejidos de Atotonilco, El Potrero y Lagunita: “A unos se les pagó a 50 mil pesos la hectárea, a otros a 12 mil y evidentemente hubo conflicto social, y entraron pseudolíderes sociales que también vinieron a contaminar”.
A la fecha, el Estado cuenta con la posesión legal de solo el 20% de los terrenos necesarios para la construcción de la presa
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