Según registros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), las policías estatales son las autoridades de seguridad que más quejas acumularon durante el primer semestre del 2024.
Las detenciones arbitrarias, lesiones y hasta actos de tortura, son las principales acusaciones en contra de las corporaciones, las cuales actualmente son investigadas por el organismo.
De enero a junio la Comisión recibió 167 quejas en contra de agentes de seguridad de los tres órdenes de gobierno, de las cuales, 103 (61%) fueron en contra de cinco cuerpos policiacos que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).
La Policía Estatal Preventiva (PEP) encabeza la estadística con 51 quejas, seguida por la Policía de Investigación de la Fiscalía que acumuló 14; la Policía de Seguridad Vial, 12; la Policía Metropolitana 10 y la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), sólo dos.
Los motivos más frecuentes de violación a los derechos humanos fueron las detenciones arbitrarias (25), las lesiones (24), la tortura (12) y la violación del derecho de la libertad de expresión (9).
En lo que va del 2024, la CDHEZ, ha emitido siete recomendaciones por violaciones cometidas por autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, aunque cuatro de estas recomendaciones que fueron “publicadas” en la página de la Comisión, fueron censuradas por encontrarse clasificadas “en su totalidad como información reservada”.
Cabe señalar que, desde su fundación en enero de 1993, dicha Comisión no había emitido recomendaciones clasificadas como reservadas, lo que impide conocer públicamente el tipo de violación cometida por los servidores públicos.
Policías municipales
En la primera mitad del 2024, las policías municipales sumaron 52 quejas, principalmente por lesiones, detención arbitraria, ejercicio indebido de la función pública, derecho a la legalidad y seguridad jurídica y amenazas.
Un total de 23 fueron en contra de la policía preventiva del municipio de Zacatecas, mientras que la corporación de Fresnillo acumuló seis y las de Guadalupe y Río Grande sumaron tres cada una.
Los municipios de Calera, Jalpa, Jerez, Juchipila y Trancoso, tuvieron dos quejas y Morelos, Moyahua, Nochistlán, Ojocaliente, Santa María de la Paz y Sombrerete tuvieron una queja.
Corporaciones federales
La Comisión recibió siete quejas en contra de corporaciones de seguridad pública federales, las cuales fueron canalizadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Cinco fueron en contra de la Guardia Nacional y dos en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, por ejercicio indebido de la función pública, lesiones, maltrato y amenazas y tortura.
Se busca prevenir: Dimas Reveles
Maricela Dimas Reveles, presidenta de CDHEZ informó que en lo que va del año 2024 se intensificó la capacitación de instituciones de seguridad pública con la finalidad de prevenir violaciones a los derechos humanos.
Explicó que, derivado a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, las autoridades tienen la obligación de capacitar a sus trabajadores con el objetivo principal de fortalecer la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos de la población.
Desde que en diciembre del 2022, Dimas Reveles rindió protesta como titular de la Comisión, el organismo ha suscrito convenios de colaboración con los ayuntamientos de Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Río Grande, Jerez, Calera de Víctor Rosales, Villa González, Morelos, Concepción del Oro, Saín Alto y Jalpa.
El objetivo de los convenios es llevar a cabo programas de promoción, capacitación, y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a los servidores públicos municipales en las áreas de seguridad pública principalmente.
La Ombudsperson destacó los convenios de colaboración con la Onceava Zona Militar y la Guardia Nacional. Reconoció que a pesar de que la Comisión Estatal no tiene competencia en las quejas en su contra, por ser autoridades federales, “se han mostrado en la mejor disposición para colaborar”.
Una de las principales demandas de la ciudadanía, es contar con instituciones de seguridad pública que actúen bajo los principios de la legalidad, objetividad y profesionalismo, por lo que es necesario continuar con las capacitaciones permanentes, para tener personal de seguridad pública que cuente con una formación inicial y continua.
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