El Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP) denunció que Roberto de la Rosa Dávila y su hijo Roberto Cuauhtémoc de la Rosa Castillo, integrantes del comité de posesionarios de Salaverna, Las Majadas y Santa Olalla, pertenecientes al municipio de Mazapil, Zacatecas, fueron vinculados a proceso penal por el Estado Mexicano.
Ellos son parte de los habitantes de Salaverna que se negaron a dejar sus hogares para que la empresa minera Ocampo Minning pudiera llevar a cabo sus trabajos, y el asunto se encuentra en litigio.
Se indicó que, al día de hoy, la empresa les tiene prohibido acceder a sus casas y tiene cerrada una carretera los caminos vecinales y las servidumbres de paso, es decir, están violando la libertad de tránsito que se supone que está garantizado por el artículo 11 constitucional, o sea, están afectando los derechos humanos y las garantías constitucionales de los habitantes de las comunidades.
El FSSP, por medio del diputado José Luis Figueroa Rangel y Efraín Arteaga Domínguez, explicó que, en la audiencia para la formulación de imputación, realizada el pasado viernes 10 de diciembre, en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Concepción del Oro, Zacatecas, la jueza Blanca Olivia Aguilar Berumen les dictó acto de vinculación a proceso a los campesinos.
Argumentaron supuestos delitos cometidos en contra de tres trabajadores de la empresa minera Ocampo Minning, antes Tayahua, propiedad del magnate Carlos Slim Helú.
Claramente, indicó Efraín Arteaga Domínguez, “la jueza transgredió el artículo 13, fracción tercera, del Código Penal para el estado de Zacatecas, que textualmente dice son circunstancias excluyentes de responsabilidad: Fracción tercera. Obrar el acusado en defensa de su persona, de su honor o de sus derechos o bienes, o de la persona, honor, derechos o bienes de otro, repeliendo una agresión violenta, injusta y de la cual resulte un peligro inminente”.
➡ Habitantes de Salaverna denuncian penalmente a Carlos Slim
Como es sabido, la empresa minera viene fracturando el suelo de la comunidad intencional, sistemática e implacablemente con el deliberado objetivo de romper las humildes viviendas, pisos, paredes y techos, de las familias campesinas, y propiciar de esa manera su desplazamiento forzoso.
De modo que, cuando una familia es desplazada, acude inmediatamente la empresa y demuele esa vivienda.
Así, Carlos Slim ha logrado reducir a una pila de escombros la casi totalidad de las viviendas de la comunidad de Salaverna.
Como si esto fuera poco, está construyendo una cerca de malla ciclónica alrededor de la comunidad, cerró la carretera pavimentada antigua que va de Mazapil a Concepción del Oro, ha bloqueado los caminos vecinales y las servidumbres de paso y, ahora mismo, les prohíbe a los habitantes de Salaverna, que aún resisten, acceder a sus casas.
➡ Conflicto en Salaverna, denuncian desalojo
Todo esto se da con la complicidad de los gobiernos federal, estatal y municipal, de manera que cuando se repelen los actos violentos de invasión de los personeros de la empresa al territorio de la comunidad, no hacen sino defender legítimamente sus derechos de posesión sobre estas tierras, que datan de tiempos ancestrales.
"La Fiscalía y el Poder Judicial del Estado, tal como si fuésemos una “República bananera” actúan a toda velocidad cuando se trata de denuncias de la empresa minera en contra de los compañeros, que no hacen sino defender la naturaleza y sus derechos posesorios y, en cambio, cuando se trata de denuncias de los compañeros en contra de Carlos Slim y de la minera simplemente no actúan".
Está más que claro, denunciaron, que potentados como éste pueden destruir comunidades enteras y las vidas de sus habitantes, y sus actos quedan en la más absoluta impunidad.
➡ Continúan presiones contra habitantes de Salaverna
Hicieron un llamado a la ciudadanía, así como a toda clase de organizaciones obreras, campesinas y populares, a exigir el cese inmediato a la persecución penal en contra de Roberto de la Rosa Dávila y Roberto Cuauhtémoc de la Rosa Castillo, y la cancelación inmediata y definitiva del proyecto de explotación minera a cielo abierto en Salaverna, Las Majadas y Santa Olalla en Mazapil.
Agregó que la jueza de control determinó dar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, de tal manera que la siguiente audiencia se va a a realizar el día 10 de febrero y, por lo tanto, la amenaza de la posible detención de los compañeros sigue latente.
En ese sentido, se está denunciando públicamente, ya que el 23 de diciembre de 2016 se llevó a cabo un operativo brutal para demoler la comunidad, donde tiraron varias viviendas, la Iglesia, la escuela, los edificios públicos de la comunidad, se interpuso una denuncia penal en contra del entonces gobernador Alejandro Tello Cristerna y de la secretaría general de Gobierno.
➡ Reconoce Godezac desalojo en Salaverna; emite comunicado
Se interpuso otra denuncia penal en contra de Carlos Slim por los daños y los perjuicios que han provocado a los habitantes de la comunidad.
Últimamente, se interpuso otra denuncia en contra del Ejido Mazapil, que ha estado despojando de sus derechos corporativos a los compañeros, porque hay siete compañeros que forman parte de esta comunidad de Salaverna que, al mismo tiempo, son ejidatarios y pertenecen al ejido Mazapil.
Las denuncias que se interponen no se atienden, esas no caminan, en cambio, las denuncias que interpone la empresa en contra de los compañeros se atienden en la Fiscalía y el Poder Judicial a toda velocidad.
Uno de los de los apoderados legales de la empresa le comunicó a quien lleva la defensa de Roberto de la Rosa, la semana pasada, que no sólo son estas dos denuncias, sino que tienen nueve denuncias en contra de este grupo, por lo que se trata de una persecución implacable.
Sigue leyendo:
