El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (Trijez) resolvió que el alcalde de Jerez, Humberto Salazar Contreras y los funcionarios José Alonso Sánchez Bonilla y Alfredo Marín Luna, incurrieron en actos de violencia política en razón de género en contra de Adriana Márquez Sánchez, síndica municipal con licencia.
Entre las sanciones que se aplicarán, de acuerdo con la resolución emitida este jueves, está la de incluir el nombre de los funcionarios en los Registros Nacional y Estatal de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres, por conducto del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ).
En diciembre del 2023, Adriana Márquez denunció que desde el 2021 había sido víctima de obstaculización en el desempeño de sus funciones, “una constante invasión de facultades a sus atribuciones de representación jurídica y la exclusión de reuniones de seguridad”.
También denunció que fue “invisibilizada” en por lo menos una sesión de Cabildo por su condición de mujer.
En marzo de este año, Adriana Márquez presentó su renuncia como candidata a la presidencia municipal. Al anunciar su decisión, mencionó que hubo una imposición de planilla de parte de su partido Morena.
Resolutivo
En sesión pública virtual, el Trijez resolvió que “sí hubo una afectación desproporcionada a la Síndica por ser mujer, ya que, por una parte, se entorpeció su debido desempeño por no formar parte del grupo que tomaba las decisiones y por otra, se reprodujo el estereotipo de que las mujeres no son aptas para desempeñar cargos de elección popular”.
Además, se llegó a la conclusión de que las conductas que obstaculizaron el cargo de la denunciante se suscitaron en un “contexto de desventaja para ella, pues se encontraba en una relación de asimétrica, donde materialmente la figura de la sindicatura se encuentra subordinada a la de la presidencia municipal”.
Asimismo, se demostró la entrega tardía de contratos y convenios en materia de obra pública, así como de la información necesaria sobre obligaciones y derechos que adquiría el ayuntamiento.
Entre las facultades que invadieron los funcionarios señalados, se encuentra el haber convenido con trabajadores, la terminación de la relación laboral, mientras que el entonces secretario de Obras Públicas, Alfredo Marín -hoy coordinador del gabinete- suscribió contratos y convenios como representante del ayuntamiento sin reconocer a la Síndica.
Disculpa pública
Como medidas de reparación y no repetición, se propone que los tres servidores públicos emitan una disculpa pública a la víctima y asistan a un curso en materia de violencia de género.
También se aprobó la propuesta de que aparezcan en el registro Nacional y Estatal de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres por conducto del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
Se dará vista del caso a la Legislatura del Estado para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo conducente respecto a la infracción cometida por el presidente municipal Humberto Salazar, así como al Cabildo de Jerez y al Órgano Interno de Control del municipio por las conductas atribuidas a los otros dos funcionarios.
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