La Asociación Nacional de Exalumnos de Escuelas Normales Rurales hizo un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad de la maestra Lucila Torres Bustos, quien fue amenazada por un grupo de habitantes de la comunidad de Las Coloradas, perteneciente al municipio de Ojocaliente, Zacatecas de ser desalojada de la Casa del Maestro para construir una iglesia.
Durante 19 años ha dado clases en la primaria rural federal "Vicente Guerrero" de dicha comunidad, pero desde mayo es hostigada por un grupo de personas que le exigen que abandone la casa e incluso, que se vaya del pueblo.
Según ella misma narra, el hostigamiento viene de parte de un grupo de personas religiosas, luego de que una de sus integrantes dijo haber recibido, en sueños, una orden divina de construir el templo.
Los maestros egresados de las Normales exigieron seguridad y respeto para la maestra:
Es defender a todo el magisterio, es tender lazos de solidaridad, cooperación y fraternidad.
También pidieron un pronunciamiento público de las autoridades eclesiásticas e intervención del gobierno de Ojocaliente, del estado y de la federación, para frenar el acto de persecución.
El terreno en el que se ubica la casa y la escuela, fue cedido por el ejido mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede).
A pesar de que el propio párroco ha dicho a los habitantes que no se requiere otro templo, ya cuentan con acta firmada por más de 60 de los 400 habitantes de la localidad, documento que fue presentado en una asamblea del Comisariado Ejidal.
Fueron a la puerta de mi salón y me dijeron, por dignidad váyase si no quiere que le pase algo a usted y a sus hijos, pero yo no tengo ninguna nota mala en mi expediente y no hay ningún motivo para que me corran
Maestra Lucila Torres
La maestra solicitó el apoyo de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuya dirigente es Soralla Bañuelos de la Torre, pero no quiso intervenir “porque no se quiere meter en problemas”.
Además, denunció la situación al departamento jurídico de la Secretaría de Educación de Zacatecas el cual se comprometió a presentar los documentos que acreditan que el terreno de la casa y de la escuela son del gobierno federal.
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