El abogado defensor del alcalde, Julio César 'N', Darío Gamón Rodríguez, declaró que está viciado el procedimiento de la Legislatura ya que no se están respetando los tiempos que la ley concede para que el imputado pueda defenderse de la remoción del fuero y de su separación del cargo.

Incluso, calificó como “una farsa” que se le esté dando el derecho de audiencia, el mismo día en que se pretende emitir un dictamen ante el pleno de la Legislatura.

_________________________________________________________________________________________________

El Sol de Zacatecas te recomienda leer

→ Secretario del Ayuntamiento suple temporalmente al alcalde de Guadalupe, Zacatecas

_________________________________________________________________________________________________

Hizo referencia a la copia de dicho dictamen que se filtró a través de redes sociales en el que se resuelve en contra del alcalde para que se le quite el fuero constitucional y que entonces pueda cumplimentarse la orden de aprehensión en su contra que tiene la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Otra irregularidad –dijo- es que no se le ha dado acceso a una copia del expediente del caso, por lo que no hay forma de preparar la defensa de su cliente, quien apenas este jueves fue notificado del procedimiento que la legislatura tiene en su contra.

El abogado recalcó que antes de que se emita un dictamen, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Zacatecas, concede un periodo de 10 días.

Al presidente lo están citando para que comparezca hoy (jueves), pero ya tienen un dictamen. Es una farsa lo que están haciendo aquí. Apenas le están dando oportunidad de defenderse.

Al abogado se le permitió permanecer cinco minutos en la reunión de la comisión jurisdiccional en la cual externó estas peticiones a los diputados y en donde reclamó que se le esté dando una “celeridad impresionante” al proceso.

Pedimos de la Comisión que se respete el procedimiento establecido en la ley y que se permita el acceso al expediente para estudiarlo y presentar una defensa garantizando el derecho de audiencia

Solicitud de recusación

Por la mañana, la defensa del alcalde envió una solicitud de recusación (acción por la que se solicita que un fiscal, un letrado, un perito, un juez o un magistrado o en este caso diputados se aparten de un asunto determinado) a la legislatura en contra de los diputados José Juan Mendoza Maldonado y Enrique Laviada Cirerol, por haber manifestado públicamente su postura en contra del imputado.

Mediante dicha solicitud se pretende que ambos legisladores se aparten del procedimiento, “por haber dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el procedimiento o haber hecho promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra”.

_________________________________________________________________________________________________

→ ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

_________________________________________________________________________________________________

En la solicitud de recusación firmada por el propio Julio César ‘N’, se deja en claro que ese procedimiento lo inicia luego de conocer, “el día de hoy 20 de abril de 2023 la radicación de procedimiento de declaración de procedencia.

Gobernador respetará el desarrollo del caso

Al ser cuestionado sobre la orden de aprehensión en contra del alcalde de Guadalupe y de su posible separación del cargo, el Gobernador dijo que estará “al pendiente de lo que está aconteciendo en la vida pública de Zacatecas”.

Como lo he ofrecido siempre, soy un respetuoso de la ley y de los momentos, entonces estaré atento al desarrollo y al desenvolvimiento con ese mismo respeto con el que me he conducido.David Monreal, gobernador del Estado de Zacatecas

Recordó que la postura de su gobierno fue fijada ya a través de un pronunciamiento hecho por el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes desde el pasado 18 de abril, en el que dicho funcionario expresó también el respeto “la autonomía del Poder Legislativo, del Poder Judicial, así como de la autonomía de la Fiscalía General de Justicia del Estado”.

Entonces Rodrigo Reyes afirmó además que “la posición del gobierno es que se resuelva judicialmente, con apego al principio de presunción de inocencia y con pleno respeto al debido proceso”.