Ricardo Guevara Camarillo, Leonela Díaz, Ruth López y Lilia Gissell, regidores del ayuntamiento de Ojocaliente, dieron a conocer que el alcalde Daniel López Martínez se encuentra en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, del Instituto Nacional Electoral (INE), por ejercer violencia verbal y física en contra de las regidoras.
El regidor dio a conocer que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas otorgó una sentencia definitiva que determina la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género por parte del presidente municipal. Guevara detalló que también denunciaron que no se cumple con realizar al menos dos sesiones de cabildo por mes.
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La regidora Ruth López denunció que el presidente municipal realizó expresiones que reproducen estereotipos de género y la obstrucción del ejercicio del cargo de las y los regidores, en una de las primeras sesiones de cabildo en 2021, cuando Martínez les llamó “pinches viejas acarreadas”.
Desde diciembre del año pasado se hicieron las denuncias correspondientes en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, pero no se tuvo respuesta, y por ello se acudió al TRIJEZ, donde en un lapso de dos meses se obtuvo esta sentencia.
Agregaron que, con el pretexto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social congeló nuevamente las cuentas del ayuntamiento de Ojocaliente por un adeudo de más de 60 millones de pesos, se les ha retenido el pago, así como a varios trabajadores.
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Además de incumplir con la Ley Federal del Trabajo al negárseles un aumento salarial, pues de tres mil pesos por quincena que deberían ganar, solo se les paga cerca de mil 500 pesos, y hay trabajadores a los que se les adeuda más de dos quincenas.
La sentencia obliga al alcalde a pedir una disculpa pública a las afectadas, a llevar un curso de violencia de género, y a que se realicen las sesiones de cabildo que se deben realizar de acuerdo al número de habitantes.
Los regidores manifestaron de forma pública que hacen responsable al alcalde de cualquier daño o afectación a su persona, familiares o patrimonio.