La diputada local de Morena, Violeta Cerrillo Ortiz, presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado, la cual impediría que funcionarios del estado y municipios, imputados por cualquier delito, sean separados del cargo y detenidos, hasta que no exista una sentencia condenatoria firme.
La reforma pretende eliminar el fuero constitucional y los juicios de procedencia que actualmente son el medio legal para quitar la inmunidad a los burócratas, separándolos de sus funciones y dejándolos expuestos a medidas precautorias como la prisión preventiva.
En abril del 2023, el alcalde morenista del municipio de Guadalupe, Julio César “N”, acusado del delito de homicidio calificado, fue desaforado y separado del cargo por la Legislatura en un juicio de procedencia, figura que se pretende eliminar de la constitución local.
La modificación propuesta expone que:
Los servidores públicos señalados en el artículo 151 de esta Constitución, no podrán ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo; sin embargo, estos servidores podrán ser sujetos de proceso penal, de conformidad con lo dispuesto en este artículo.
Según el referido artículo constitucional, no podrían ser privados de la libertad ni separados del cargo durante su proceso: diputados locales; alcaldes y regidores; secretarios del poder ejecutivo; el fiscal del estado, magistrados de los tribunales Superior de Justicia, de Justicia Electoral y de Justicia Administrativa; consejeros del IEEZ; ni jueces del fuero común.
La reforma, que será analizada en la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, también se aplicaría a los miembros y titulares de los organismos autónomos y descentralizados que reconoce la Constitución del Estado.
Durante el proceso penal, el servidor público podrá seguir en su cargo. Las medidas cautelares que el juez determine no podrán consistir en privación, restricción o limitación de la libertad
En otro párrafo, agrega que cuando se dicte sentencia condenatoria, se notificará a la institución de la que forme parte el sentenciado y cuando la sanción impuesta sea “incompatible” con su cargo “se separará al sentenciado de sus funciones con sujeción a lo establecido en la legislación aplicable, quedando a disposición de la autoridad correspondiente”.
“Para evitar remociones injustas”
En su exposición de motivos, la iniciativa plantea que todos los funcionarios que actualmente gozan de fuero puedan ser procesados penalmente sin necesidad de recurrir a un proceso de declaración de procedencia o desafuero, no obstante, recalca que no podrán ser detenidos ni removidos de su cargo mientras se lleva a cabo el proceso penal en su contra.
Este enfoque garantiza que los funcionarios puedan responder ante la justicia en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano (…) . Al mismo tiempo, se protege el ejercicio de sus funciones y se evita que el proceso penal sea utilizado como un mecanismo para removerlos injustamente de sus cargosVioleta Cerrillo, diputada de Morena
La misma explica que, una virtud de la reforma es la eliminación del fuero constitucional, porque ha generado desconfianza en la ciudadanía, quien percibe esta figura como un privilegio que aleja a los funcionarios públicos de la obligación de responder por sus actos ante la ley.