Zacatecas, Zac.- La Presidenta de la Comisión de DerechosHumanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), lamentó que el Gobernador Alejandro Tello esté malinformado y desconozca el contenido de la recomendación, la cual,aseguró, está apegada a la legalidad y acredita fehacientementela violación de derechos humanos a un sector vulnerable, como losson los habitantes de Salaverna.
Señaló que el contenido de la recomendación es precisa, claraapegada a la legalidad en la que se acredita la actuaciónarbitraria, ilegal y violatoria de los derechos humanos de partedel titular de la Dirección de Protección Civil, de laCoordinadora de asesores de la Secretaría General de Gobierno,así como de elementos de la Policía Estatal y de la PolicíaMinisterial.
En este sentido precisó que la CDHEZ se sujetará alprocedimiento que establece la ley de la Comisión Nacional deDerechos Humanos en donde esperarán a quela titular de la Secretaría General de Gobierno comparezca ante ala Legislatura del Estado y si persiste la negativa, sepresentarán las denuncias penales y denuncias ante la Secretaríade la Función Pública.
“Lo más importante es lograr que a estas víctimas se lesrepare el daño causado, porque son gente muy pobre gente muyvulnerable, que han sido afectados en su dignidad humana y que nopueden, ni deben ser revictimizados nuevamente por las autoridades,sino por el contrario atenderles apoyarlos, porque están viviendouna situación de vulnerabilidad al estar ante la expectativa de undesplazamiento forzado interno, que este se da por cuestiones decarácter económico, es decir por la instalación y operación deun proyecto minero cercano a su comunidad, se han visto en lanecesidad, algunos, de desplazarse a la nueva comunidad, el nuevoSalaverna y otros quedarse ahí”.
[caption id="attachment_637433" align="alignnone" width="650"]Salaverna[/caption]
Explicó que quienes se cambiaron de comunidad no lo hicieron demanera voluntaria sino que se han visto obligadas por lascircunstancias y si no existiera el proyecto minero, no tendríanque haber dejado su residencia habitual, en ese sentido, dijo lasautoridades del gobierno del estado como lo determina el altocomisionado de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU),para los refugiados de 1998, se define a los desplazados forzadoscomo todas las personas o grupos que se han visto obligadas atrasladarse de su lugar de residencia habitual a otro lugar, pordiversas situaciones en este caso concreto por situacioneseconómicas, lo que las deja en una situación de vulnerabilidadpues al trasladarse pierden sus afectos, arraigos, se modifican suscircunstancias de vida y todo ello trae efectos psicológicosculturales, sociales, económicos.
“La Comisión ha señalado en función a principios de laONU… a que es competencia del Estado el prevenir, atender yerradicar las causas de desplazamiento indistintamente de cual seala causa”.
Domínguez Campos reiteró que lofundamental de la recomendación recae en tres aspectosfundamentales: la actuación de los servidores públicos se hizo demanera arbitraria ilegal y violatoria de los derechos humanosporque no contaban con una orden de un juez para bloquear loscaminos y entrada a la comunidad de Salaverna, lo que impidió ellibre tránsito.
No contaba con una orden de un juez para realizar intromisión alas viviendas de los pobladores, para sacar muebles, enseresdomésticos y personas, por lo tanto, se violentó el artículo 14y 16 de la constitución política de México.
No tenían orden de un juez para demoler viviendas y la iglesia,por lo que debe ser reparado el daño causado, además de que no sedebe revictimizar a las personas.
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