La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) emitió una recomendación a la titular de la Secretaría de Educación, Maribel Villalpando Haro, por la violación a los derechos de un docente del Instituto Tecnológico Superior de Jerez (ITSJ).
Al docente afectado se le retiró ilegalmente su carga laboral desde el año 2022, por recomendación del Comité Académico de la institución, medida que fue ejecutada por la exdirectora, Eva Verónica Hernández. La afectación continuó durante la gestión del siguiente director, Víctor Castañeda a quien también se le señala como autoridad responsable.
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Según lo expuesto en el documento firmado por la titular de la CDHEZ, Maricela Dimas Reveles, la recomendación se dirige a Maribel Villalpando, en su calidad de presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Superior de Jerez.
La Comisión concluyó que los integrantes del Comité Académico se extralimitaron, pues no se trata de una autoridad jurisdiccional que pueda aplicar sanciones como quitar la carga laboral a un maestro, a pesar de que existieron quejas de alumnos en contra del quejoso, incluida una por presunto acoso sexual.
En lo que respecta a la exdirectora, se le señala como responsable por ejecutar el acto indebido, derivado de la recomendación del Comité Académico, aunado a que, de manera extemporánea, lo que va en contra de lo estipulado en el Contrato Colectivo del Instituto.
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Además, la medida sancionatoria tampoco le fue notificada en tiempo y forma al docente, puesto que éste fue informado por sus propios alumnos, que, a partir del 20 de noviembre de 2020, ya les habían asignado nueva docente.
El posterior director, Víctor Castañeda –quien fue destituido en agosto de este año- siguió permitiendo la afectación a la carga laboral del quejoso, sin la existencia de procedimiento legalmente establecido por la Ley del Servicio Civil, por la Ley del Procedimiento Administrativo y por el Contrato Colectivo.
También se pide a la Secretaría de la Función Pública del Estado que actúe en contra de las autoridades responsables del Instituto porque “incurrieron en la violación al derecho de acceso a la justicia”.
