La dirigencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considera que el asesinato del juez Roberto Elías Martínez pone en peligro la integridad de la estructura social sobre la cual descansan la impartición de justicia entre los ciudadanos y el andamiaje de la convivencia cotidiana; toda vez que son los jueces quienes protegen el valor universal de la justicia.
A través de un comunicado, el sindicato patronal afirma que desde el mes de agosto se hizo una petición después de que en distintos puntos del país la ciudadanía se vio afectada por actos que infundieron terror.
La Coparmex insiste en la necesidad de que tanto el gobierno municipal, como el estatal y la Federación construyan una verdadera estrategia de seguridad en la que se incluya la voz de la ciudadanía, como lo ha demandado el sector empresarial en México y en Zacatecas.
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En el comunicado, la Coparmex se refiere al fallecimiento del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Río Grande del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas (TSJEZ), Roberto Elías Martínez, quien perdió la vida luego de ser atacado el sábado 3 de diciembre por un grupo de personas armadas.
Y hace referencia al asesinato en días pasados del General José Silvestre Urzúa, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas en un enfrentamiento con miembros de la delincuencia organizada, en Pinos.
De manera enérgica condena los hechos de violencia registrados en el país y expresa sus condolencias a las familias de las víctimas de la inseguridad, que de acuerdo con el reporte diario de homicidios dolosos del Grupo Interinstitucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), cobró la vida de 233 personas a nivel nacional, solo en el fin de semana del 2 al 4 de diciembre.
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En el comunicado hace énfasis en que la violencia alcanza a los impartidores de justicia e integrantes de las fuerzas del orden. De diciembre de 2018 al 17 de noviembre de 2022 se han registrado al menos mil 781 asesinatos de policías en el país, 1.13 por ciento en promedio cada día, de acuerdo con cifras de la organización no gubernamental Causa en Común.
Según datos del Consejo de la Judicatura Federal, de 1987 a 2020 se han registrado ocho asesinatos de jueces, mientras que, según información de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron ejecutadas 626 autoridades que participaron del primero de diciembre de 2006 al 24 de noviembre de 2022 en la campaña permanente contra el narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
De manera enérgica la Coparmex exige que el Estado Mexicano asuma con responsabilidad, su tarea de proveer seguridad a la ciudadanía y establezca con carácter de urgente, acciones eficaces de coordinación entre las corporaciones e instituciones responsables de preservar la paz en todo el territorio nacional.
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Además de manifestar su indignación por el asesinato del juez Roberto Elías Martínez, la Coparmex enfatiza que coinciden con lo expresado por el Consejo Directivo del Centro Empresarial de Zacatecas, en que, con el asesinato de un impartidor de justicia, se cruza un umbral que solamente tiene un antecedente en el México moderno y que jamás debe repetirse.
Se pide que, en materia de combate a la inseguridad y la violencia, el Gobierno de México haga un replanteamiento estratégico de la seguridad para integrar una Agenda de Estado en la que se le dé importancia a la inteligencia e investigación criminal, se diagnostique el fenómeno, se establezcan las prioridades y las estrategias de implementación a corto, mediano y largo plazo; donde se definan con claridad los roles y responsabilidades de quienes participen en esta agenda compartida.
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Y se espera que bajo la creación del acuerdo publicado el pasado cinco de diciembre del presente año por el que se crea la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional, que se ejecuten operaciones de alto impacto, en funciones de seguridad pública y combate a los delitos dé los resultados para garantizar y restablecer el orden y la paz social en el territorio nacional contra el crimen organizado.
Aunque se reconoce que es un problema complejo, se coincidió en que, con el diálogo y la colaboración entre las instituciones responsables de prevenir y sancionar el delito, los gobiernos y la ciudadanía, se puede avanzar en México hacia el cumplimento del Estado en esta materia.
Aún y cuando el enfrentar el creciente flagelo de la violencia es una tarea que involucra a la sociedad, salvaguardar la integridad ciudadana, a través de la prevención, disuasión y contención del delito, es competencia y responsabilidad de las instituciones y corporaciones establecidas para tal fin.
