La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) habría girado dos órdenes de aprehensión relacionadas con el homicidio de Raúl Calderón Samaniego; de acuerdo con fuentes del Congreso del Estado, se solicitó al Poder Legislativo iniciar un proceso de desafuero en contra de uno de los posibles responsables, ya que se trata de un conocido funcionario público.

Ni el titular de la FGJEZ, Francisco Murillo Ruiseco, ni los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) accedieron a confirmar o desmentir a este medio la petición de desafuero que habría sido presentada la tarde de este lunes en una reunión a puerta cerrada.

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Se prevé que, en la sesión ordinaria del Congreso, programada para mañana martes, se le dé lectura ante el pleno a la solicitud de la Fiscalía como parte de la correspondencia de la Legislatura.

Causó conmoción el asesinato del abogado y músico riograndense de 37 años, quien fue encontrado sin vida el 2 de enero, dos días después de que sus familiares perdieron comunicación con él cuando viajaba de Jerez a la capital.

Según informó en su momento la FGJEZ, su cuerpo fue localizado sin vida en el interior de su domicilio en el Centro Histórico de la ciudad de Zacatecas. La necropsia del exintegrante de Los Románticos de Zacatecas, arrojó como resultado que la causa de muerte fueron heridas producidas por disparos de arma de fuego.

“Se irá más allá del poder político”: Fiscal

El pasado 12 de abril, al comparecer ante el pleno del Congreso Estatal, el fiscal del Estado anunció que “a la brevedad” la carpeta de investigación del homicidio se judicializaría “con las consecuencias que se tengan qué asumir”.

Incluso, al hablar del caso declaró que “el compromiso de la Fiscalía es ir más allá del poder político” en la procuración de justicia.

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Lo anterior fue externado por Francisco Murillo luego de que el diputado, José Juan Mendoza Maldonado, del grupo parlamentario del PRD, le pidió: “trátese de quien se trate, cero impunidad”.

Proceso de desafuero

De darse lectura a la petición de desafuero, esta se turnaría a comisiones legislativas Jurisdiccional y de Gobernación. En caso de que el dictamen sea afirmativo, el Congreso en pleno, es decir, los 30 diputados participarían en el juicio de procedencia a manera de juzgado.

Sin confirmar la existencia de la solicitud de desafuero, el diputado Ernesto González Romo, explicó que, en un juicio de procedencia, el Congreso ejerce una función jurisdiccional donde debe de protegerse el debido proceso, dando la garantía de audiencia para que el funcionario que ostenta la protección del fuero constitucional, pueda defenderse.