La próxima semana, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJE) ofrecerá una disculpa pública a familias de Jalisco por violaciones a los derechos humanos cometidas tras el secuestro de cuatro personas ocurrido hace casi 14 años.
En agosto el 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la FGJE por una serie de negligencias que entorpecieron y trastocaron la búsqueda de los esposos Dalia Guadalupe Cruz Guerrero y Luis Ramón Enciso Ramírez, y de otra pareja, quienes habrían sido secuestrados en Calera, Zacatecas, en septiembre del 2010.
Las violaciones a los derechos al acceso a la justicia, a la verdad y a la integridad, ocurrieron desde que la entonces procuraduría de Zacatecas era encabezada por el hoy magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Arturo Nahle García y siguieron cometiéndose durante el periodo de siete años en que Francisco Murillo Ruiseco fungió como procurador y fiscal.
Indagatorias irregulares, omisión de diligencias y largos periodos de inactividad de los ministerios públicos y de los policías de investigación, fueron algunas de las faltas en que incurrieron autoridades zacatecanas, desde que en enero del 2011 recibieron la denuncia del caso, según la recomendación 167 /2023 de la CNDH.
Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), organización que ha dado acompañamiento a familiares de las personas desaparecidas, informó a El Sol de Zacatecas que la disculpa de la FGJE se llevará a cabo el 7 de agosto en el edificio de la propia institución.
Entre las víctimas que recibirán la disculpa pública se encuentra la madre de Dalia Guadalupe y suegra de Luis Ramón, Natividad Guerrero, quien sigue en la búsqueda y en la exigencia de justicia y del esclarecimiento de los hechos.
La desaparición
El 30 de septiembre de 2010, Dalia Guadalupe y Luis Ramón salieron de la localidad de Ahualulco de Mercado, Jalisco, hacia Guadalajara, donde recogieron a otra pareja con la que tenían amistad, para partir con destino a Oklahoma, Estados Unidos, en donde pretendían vacacionar.
El 4 de octubre, desde uno de los celulares de los desaparecidos, se enviaron mensajes donde se informó que “estaban en Calera, Zacatecas y que andaban como unos pinches limosneros”. En otro mensaje expresaron: “no podemos hablar corremos peligro, pídanle a Dios por nosotros”.
El 16 de noviembre, desde otro teléfono, familiares recibieron un mensaje de texto pidiendo el pago de un rescate; el dinero se depositó a la cuenta bancaria señalada por los captores, pero la liberación nunca se dio.
El 18 de octubre del 2010 se presentó la primera denuncia en Jalisco y por “una grave negligencia”, las autoridades dejaron pasar más de dos meses sin que se practicaran diligencias mínimas para la búsqueda, según relata la CNDH.
Faltas de la autoridad
El 25 de enero del 2011, los familiares denunciaron la desaparición ante la Procuraduría de Zacatecas, donde también se registró “un retraso por demás injustificable en la procuración de justicia”, pues transcurrieron tres meses y tres días, desde que fue presentada la denuncia, hasta el día en que se emitió la primera orden para investigar los hechos.
Posteriormente, ya en tiempos del exprocurador y posterior fiscal, Murillo Ruiseco, (a partir de 2016) la carpeta de investigación continuaría con “amplios periodos de inactividad”, además de que “no se advirtió diligencia ministerial alguna que impulsara la investigación”.
La CNDH agrega: “Existe una notoria e indebida procuración de justicia (…) omitieron realizar las acciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos delictivos y la búsqueda de las víctimas”.
El único resultado que advierte la Comisión, se dio años después, en mayo del 2015, cuando se capturó al titular de la cuenta bancaria en la que se depositó el rescate, quien luego fue sentenciado a 30 años de prisión por secuestro; pena que fue apelada y que en mayo del 2021 se redujo a 15 años.
Después de la disculpa
Karolina Chimiak, mencionó que después del acto de disculpa, “queda pendiente lo esencial: la localización con vida de Dalia Guadalupe y Luis Ramón, además del reclamo de hacer justicia encontrando a los responsables y esclareciendo los hechos (…) son casi 14 años de no saber qué ocurrió”.
Además, seguirá en funciones la comisión especial de búsqueda que el tribunal colegiado ordenó crear para investigar el caso y que está a cargo de la fiscalía general de la República (FGR) y en la que participan la Comisión Nacional de Búsqueda, la CNDH y el Ejército, con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México y la CEPAD.
La codirectora de la CEPAD mencionó que dicha comisión especial fue una de las dos primeras creadas a nivel nacional a partir de una orden judicial y en la que las autoridades están obligadas a rendir cuentas periódicas sobre los avances, tanto a Natividad Guerrero, como al juez.
Agregó que la Fiscalía de Jalisco no ha cumplido con el evento de disculpa pública señalado por la CNDH, porque no ha habido tanta disposición y apertura como la que se ha encontrado en la Fiscalía de Zacatecas, aunque dijo confiar en que se realice en un futuro cercano.
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