El exgobernador Miguel Alonso Reyes se defendió de las acusaciones de corrupción hechas en su contra en la Legislatura del Estado, a las que calificó como infamias y calumnias que obedecen a “una especie de venganza por las derrotas electorales del pasado”.
Luego de que el Poder Legislativo aprobó un punto de acuerdo para pedir al fiscal anticorrupción explique la impunidad en los presuntos malos manejos y el enriquecimiento del exmandatario, este expresó que los señalamientos son “más de carácter político que jurídico” a cargo de “un grupo faccioso específico de Morena”.
En entrevista afirmó que a siete años y siete meses de haber concluido su mandato y de haber comprobado que no cometió ningún delito, las acusaciones hechas durante esta semana por el diputado Ernesto González Romo, fueron retomadas como una “bandera política” justamente por estar en tiempos electorales.
He sido cauto en todo este tiempo, he sido moderado, cuidadoso, pero me parece que ha sido un exceso de quienes difaman y calumnian sin ningún escrúpulo.
El hoy candidato plurinominal a una diputación federal y secretario de Operación Política del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dio a este medio de comunicación un recuento de su defensa legal que inició desde que en el año 2016 fue denunciado ante la entonces Procuraduría General de la República (FGR).
Además, dio su versión sobre algunas de las principales imputaciones como la construcción inconclusa del Centro Cultural Toma de Zacatecas y la deuda millonaria que contrató durante su gestión, entre los años 2010 y 2016, y que a la fecha se sigue pagando.
Las denuncias
Dos meses después de dejar la gubernatura y días después de que fue nombrado titular de Fonatur, en diciembre del 2016, Soledad Luévano Cantú interpuso las denuncias en su contra ante la PGR, instancia que, tras determinarse incompetente, las envió a la Procuraduría General del Estado de Zacatecas, hoy Fiscalía.
Destacó que aquellas denuncias fueron hechas “por alguien con una clara actividad política” de un grupo antagónico del PRI, y que no fueron presentadas por ciudadanos, ni por la autoridad competente en ámbitos de fiscalización como la Auditoría Superior de la Federación.
Recordó que trabajó por varios años con un grupo reducido de abogados sobre las cinco carpetas de investigación, logrando que, en tres, la Fiscalía determinara la abstención por no haber elementos para continuar.
En concordancia con lo que dio a conocer el pasado martes el fiscal general de justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, Miguel Alonso mencionó que solo sigue abierta la investigación que corresponde a su “evolución patrimonial”.
En más de siete años, la Fiscalía del Estado llevó a cabo una serie de diligencias, peritajes y estuve en todo momento abierto y atento para dar toda la información, los datos de prueba, con los que se acreditó que no existe ningún ilícito.
Recordó que la autoridad también realizó inspección de inmuebles y solicitó informes de instancias como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Finanzas del estado. Luego aseguró que todas sus declaraciones patrimoniales cuadran con sus ingresos.
Opinó que el fiscal Camacho Osnaya, ha demostrado seriedad y profesionalismo, por lo que dijo confiar en su imparcialidad y en la del fiscal anticorrupción, a lo que agregó: “Yo solicitaría que ya se resuelva porque al estar abierta esta carpeta, se sigue especulando”
Sobre el Centro Cultural Toma de Zacatecas
Ante los señalamientos hechos por Ernesto González Romo, Miguel Alonso negó que existieran actos de corrupción en la malograda construcción del Centro Cultural Toma de Zacatecas.
El exgobernador recordó que, con motivo del centenario de la Batalla de Zacatecas, en el año 2014 gestionó recursos no solo para llevar a cabo una larga lista de actividades conmemorativas, sino también para convertir la Presa de Infante en el Ecoparque Centenario y construir el Centro Cultural en dicho sitio.
Justificó la construcción de este último al expresar que
Zacatecas era un destino cultural por excelencia y el estado necesitaba un gran auditorio, un gran teatro para la vida artística y para recibir al turismo cultural.
Aseguró que para ello no se usó ni se reorientó presupuesto estatal: “fueron exclusivamente recursos federales extraordinarios que logré en gestiones ante el presidente Peña Nieto y el secretario de Hacienda”
En el 2014 –detalló- en el presupuesto de egresos de la federación se etiquetaron los recursos para el centro cuya construcción inició al año siguiente, pero por la complejidad de la obra, su edificación y equipamiento se extendieron hasta el 2016.
“Estuvimos muy cerca de concluirlo (…) faltó muy poco en materia de recursos para poderla terminar”. Detalló que solo se necesitó más tiempo y 50 millones “para poder abrir las puertas” del recinto. Agregó que “tal vez faltó la voluntad, la determinación de concluirla” de parte del siguiente gobierno encabezado por Alejandro Tello.
No obstante, reconoció que “hubo una pequeña falla en el techo, una cuestión que tuvo que ver con los materiales, cosas que se van presentando en una obra de ese tamaño y complejidad” a lo que se sumaron “retrasos naturales” en la construcción ocasionados por las lluvias.
Ni hubo corrupción, ni actos ilícitos, crearon una narrativa en torno a esa obra de manera dolosa, calumniosa (…) ojalá haya en el futuro la voluntad de terminarla, porque vale la pena que Zacatecas cuente con un recinto de ese nivel.
Negó que el precio del inmueble se hubiera disparado hasta 600 millones de pesos, como se ha señalado, sino que se gastaron entre 360 y 350 millones.
“Esa famosa deuda”
El exgobernador justificó “esa famosa deuda” que contrató durante su gobierno para, a diferencia de su sucesor, terminar y pagar obras inconclusas importantes como la Ciudad Administrativa y el hospital general.
Recordó haber recibido Ciudad Administrativa a medias, sin muebles ni equipo, pero además indicó que el complejo representaba “una erogación enorme para Zacatecas, por ser una obra que era de empresarios y que significaba estar 20 años pagando”.
Afirmó que tras determinar que sí era útil para los zacatecanos, al igual que el hospital general, decidió, con asesoría externa de instituciones como el Tec de Monterrey, convertirla en deuda ordinaria para que esos inmuebles fueran propiedad del Estado.
Perfectamente yo hubiera podido haber decidido que esa obra se quedara tirada, y más viniendo de un gobierno diferente, de alternancia política
Tras insistir en la legalidad de dicha decisión, enfatizó: “Si tuviera cosas que ocultar, no estaría aquí, estaría escondido o en pleno lujo en otro país (…) aquí estoy en el país, vivo con mis niños, con mi familia, voy a Zacatecas eventualmente y cuando voy me da mucho gusto saludar a mucha gente que recuerda con nostalgia el tiempo en que estuvimos “.
