El Congreso del Estado llamará a quien encabeza la Fiscalía de Combate a la Corrupción, para que “explique su complicidad con la impunidad de la que disfruta el exgobernador de la entidad Miguel Alejandro Alonso Reyes”.
Ayer miércoles, con 13 votos a favor y 10 en contra, el pleno del Poder Legislativo aprobó un punto de acuerdo por el cual se llama a comparecer a Salvador Eduardo Villa Almaraz quien ha fungido como fiscal anticorrupción desde marzo del 2018, año en que fue desechada la primera de las tres investigaciones en contra de Alonso Reyes que fueron cerradas.
El tema que provocó división y discusiones entre los integrantes de la Legislatura, se abordó un día después de que el Fiscal General del Estado, Cristian Paul Camacho confirmó que entre el 2018 y el 2021, la Fiscalía Anticorrupción determinó abstenerse de investigar tres carpetas que se habían abierto en contra de quien gobernó Zacatecas del 2010 al 2016.
El Fiscal General también informó, el pasado martes, que dos carpetas más “fueron acumuladas y se encuentran en trámite” de las cuales, al menos una es por presunto enriquecimiento ilícito del exmandatario.
La iniciativa votada en el pleno, formulada por el diputado de Morena, Ernesto González Romo, expresa el objetivo de que “la Fiscalía de Combate a la Corrupción, explique su complicidad con la impunidad de la que disfruta el ex gobernador de la entidad, Miguel Alejandro Alonso Reyes”.
“En el 2018, cuando se pretendía que el exgobernador fuera senador, se inició una operación para limpiar en la Fiscalía todas las denuncias que se investigaban en su contra (…) ¿Quiénes participaron?, el exfiscal del estado, el exgobernador, Alejandro Tello, y el Poder Judicial”, acusó el diputado en tribuna.
Acusaciones
La misma iniciativa expone que Miguel Alonso Reyes pasó a la historia como el gobernador “más corrupto de la época reciente”, al utilizar su investidura “para acrecentar su patrimonio particular de manera ilegal”.
Entre los ejemplos de actos de presunta corrupción, se mencionan “elefantes blancos” como las 58 “glorietas de la muerte” cuya construcción generó un desfalco superior a los 78 millones de pesos.
Además se menciona el “Centro Cultural Toma de Zacatecas”; inaugurado sin ser concluido y que quedó en el abandono, imposibilitando a las administraciones subsecuentes rescatarlo por el elevado costo que significa. Dicha obra –expone- tuvo un costo de cerca de 500 millones de pesos.
El punto de acuerdo agrega que el gobierno de Miguel Alonso dejó “una crisis económica por la enorme deuda heredada misma que superó los siete mil millones de pesos”.
