Integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas, negaron este jueves haber recibido dinero u ofrecimientos de recursos para votar a favor de alguna iniciativa.
Recientemente el gobernador, David Monreal Ávila acusó a administraciones anteriores de haber “regalado” hasta 300 millones de pesos a los diputados locales que aprobaban contratar empréstitos que aún se están pagando.
“En el endeudamiento más grande, de Miguel Alonso, hubo reparto hasta de 20 millones por diputado, eso es lo que no se dice, eso es lo que no se documentó, lo que no se habló”, declaró el mandatario en el espacio radiofónico del periodista Francisco Elizondo.
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La diputada, Gabriela Basurto Ávila opinó que “es muy irresponsable de parte del gobernador hacer este tipo de acusaciones cuando él mismo reconoce que no tiene pruebas, que no existen registros, que no tiene ninguna forma para sustentar lo que dice”.
La integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresó que dichas imputaciones “en nada abonan en sacar adelante los problemas de Zacatecas”.
En entrevista negó que la LXIV Legislatura haya recibido ofertas de sobornos: “Es de todos conocida la relación que hoy tiene el ejecutivo con la legislatura y está claro que no ha habido algún ofrecimiento de recursos”.
Karla Valdez Espinoza, diputada del Partido Acción Nacional (PAN) también negó personalmente haber recibido ofrecimientos para condicionar su trabajo legislativo. Opinó que el gobernador debería de interponer las denuncias en las instancias correspondientes “si así se hacía” en el pasado.
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Mencionó que al menos en tiempos de Alejandro Tello no ocurrió ese tipo de actos de corrupción: “El gobernador era súper recto con nosotros”.
El diputado Ernesto González Romo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) declaró que “fue una práctica común” en otras administraciones cuando gobiernos que querían impulsar temas delicados “terminaban cediendo a la tentación de comprar voluntades”.
Como un ejemplo recordó que en el sexenio de Miguel Alonso, por cada aprobación de presupuesto se le otorgaba a cada diputado cien mil pesos en becas que luego entregaban en sus informes legislativos para poder convocar a más gente.
“En esta legislatura no conozco de ninguna operación en la que se compre la voluntad de las personas o de que exista algún ofrecimiento”, recalcó.
Reconoció que es muy difícil demostrar esa modalidad de corrupción porque se opera habitualmente con dinero en efectivo que viene de moches o diezmos del gobierno “y rastrear el origen y el destino del recurso es misión imposible y de poco serviría una denuncia formal”.
