La Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEZ) resolvió que un docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) “vulneró el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en relación con la violencia sexual y digital” por haber instalado dos videocámaras en un sanitario de la institución educativa.
La presidenta de la CDHEZ, Maricela Dimas Reveles firmó la recomendación 08/2023 que incluye dicha resolución, y que fue remitida tanto al rector de la UAZ, Rubén Ibarra Reyes, como al fiscal general de Justicia del Estado, para que este último dé celeridad a la carpeta de investigación del caso.
Aunque en la versión pública del documento, la CDHEZ omite el nombre de la unidad académica donde ocurrieron los hechos, integrantes del Grupo de Acompañamiento a las Mujeres Universitarias confirmaron que el caso corresponde a la Unidad Académica de Estudios Nucleares (UAEN).
El mismo colectivo denunció que la UAZ “le brindó una salida digna” a René “N”, concediéndole su jubilación antes de que concluyeran las investigaciones en la CDHEZ y en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), “incumpliendo con la declaratoria de cero tolerancias a la violencia”.
El Grupo de Acompañamiento advierte que no existe garantía de que el infractor no vuelva a ejercer violencia, ya que como jubilado, “no está impedido de seguir torturando o teniendo algún tipo de contacto con otras estudiantes”.
Los hechos
Según los datos de la investigación incluidos en la recomendación, fue el 5 de julio de 2022 cuando las estudiantes se percataron que en los sanitarios de su unidad académica estaban colocadas dos cámaras de videograbación.
Sospechando ya del docente, las estudiantes le comentaron su hallazgo a quien entonces fungía como su asesor de tesis. En su encuentro, las jóvenes grabaron la conversación.
El docente “de inicio se hizo el sorprendido” y trató de convencer a sus alumnas de que no denunciaran. Entre los argumentos que utilizó en contra de hacer público el incidente, fue el de no afectar más la imagen de la UAZ porque “híjole, la Universidad está tan quemada”.
Fue hasta que las agraviadas le informaron su decisión de denunciar, cuando les confesó haber sido él quien colocó las cámaras y se justificó diciendo que lo hizo porque pasaba “por en un rato de debilidad”. Además, les pidió que no lo denunciaran "porque le arruinarían la vida” e insistió en “que olvidaran el incidente y siguieran adelante en virtud de que no tuvo oportunidad de grabar nada”.
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El audio de dicho encuentro fue ofrecido como medio de prueba tanto en la investigación ministerial que inicio este año, como en el expediente de la queja que fue presentada ante la CDHEZ el 10 de febrero de 2023.
La Comisión advierte que además de acreditarse la violencia sexual y digital, el docente violentó su derecho a denunciar, ya que durante ocho meses las persuadió a no ejercerlo "impidiendo con ello que buscaran la reparación integral del daño".
Incluso la CDHEZ hace notar que “dicha persuasión pudo haber sido con la intención de que los hechos, en el ámbito laboral-administrativo, quedaran impunes”, pues esos ocho meses le permitieron concluir con su proceso de jubilación.
“Sin la menor duda”
El 15 de febrero de 2023, representantes de la CDHEZ acudieron a la unidad académica, donde se notificó la existencia de la queja al docente señalado, quien al momento confesó su falta “de manera expresa y espontánea”.
El docente declaró “que de lo que se le acusaba sí era cierto, que nadie le ayudó, que lo hizo por debilidad y morboso, que él había colocado las cámaras en la lámpara del sanitario y para poder subirse utilizó una escalera de tijeras”.
Según lo que dijo a la Comisión, a las 7:30 de la mañana, aprovechando que a esa hora no había nadie en los sanitarios, sujetó las cámaras con un imán. El docente aseguró que “no tuvo tiempo de activarlas y que, como resultado de dicha acción, se sintió mal y decidió quitarlas al día siguiente".
También dijo que no existió ninguna provocación de las mujeres para que él colocara las cámaras e insistió que "había sido por débil y morboso".
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Dicha confesión fue hecha en un total de dos entrevistas y en un informe ofrecido por él mismo, por lo que, según la recomendación de la CDHEZ, "este Organismo no tiene la menor duda de la veracidad de los hechos descritos por la parte quejosa, ahora víctimas, en el sentido de que, aprovechando su jerarquía y la confianza que había generado para con sus alumnas (...) a sabiendas que ingresaban al sanitario ubicado en la Unidad Académica (…) de forma dolosa colocó cámaras de videograbación".
El mismo documento agrega que al colocar las cámaras, el docente "buscó degradar o dañar la sexualidad y la intimidad de las víctimas, atentando con ello su libertad, dignidad e integridad física y psicológica".
Se pide celeridad a fiscal
Hay una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad Sexual e Integridad de las Personas.
La CDHEZ remitió una copia de la recomendación 08/2023 al fiscal general de Justicia del Estado para que “se le dé celeridad” a dicha investigación y, en su momento procesal oportuno, resuelva lo que en derecho proceda, garantizando el acceso a la justicia de la denunciante.
Se le remitió una copia de la recomendación a fin de que determine si también se cumplen los elementos del tipo penal de “violencia digital o violencia mediática”, o si se actualizan los elementos del delito de violación a la intimidad sexual ya investigados.
A la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado de Zacatecas, se le exhorta inscribir a las dos agraviadas en el Registro Estatal de Víctimas.
Recomendación al rector
Al rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rubén Ibarra, se le recomienda brindar a las víctimas la atención psicológica que requieran por las posibles secuelas y afectaciones que pudieran presentar.
También se le recomienda dar vista a la Contraloría Interna o a quien realice funciones de Órgano Interno de Control de la UAZ para los efectos legales a que haya lugar.
En un plazo máximo de tres meses, le recomienda además implementar cursos de capacitación dirigidos al personal docente y administrativo de la UAZ, en materia de derechos humanos de las mujeres, enfocados en el derecho a una vida libre de violencia.
║ Con información de Raúl García | El Sol de Zacatecas
