Tras varios intentos que no prosperaron, la LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas concluyó su último periodo ordinario sin haber aprobado la despenalización del aborto, por lo que heredaría el tema a los próximos diputados que entran en funciones en septiembre.
Zacatecas es uno de los 18 estados que no han armonizado su legislación con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el 7 de septiembre 2021, aprobó despenalizar el aborto en todo México, a partir del proyecto que considera inconstitucional criminalizar dicha práctica.
Apenas el pasado 15 de julio, Puebla se convirtió en el estado número 14 en aprobar la despenalización hasta las 12 semanas de gestación; previamente ya lo habían hecho los congresos de la Ciudad de México, Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco y Puebla.
Desde que la SCJN emitió su resolución, en Zacatecas se han interpuesto ante la Fiscalía un total de 15 denuncias por abortos, de las cuales nueve son del 2023 y dos del 2024; sin embargo, las estadísticas de incidencia delictiva no especifican si fueron practicados después de las 12 semanas de gestación; tampoco existe registro de sentencias condenatorias.
“Lamentamos que la Legislatura se vaya así”, expresó Emilia Pesci, activista del Movimiento Feminista de Zacatecas, al criticar el incumplimiento de los actuales diputados quienes entraron en funciones el 7 de septiembre del 2021, mismo día en que los magistrados de la Suprema Corte despenalizaron el aborto.
Fue hasta el 11 de mayo del 2023, cuando los integrantes de las comisiones de Justicia, Igualdad de Género y de Salud del Congreso de Zacatecas, discutieron el tema y desecharon el dictamen que iba a favor de eliminar las penas a la interrupción del embarazo, por lo que no llegó ni a ser votado en el pleno.
Aquel dictamen se elaboró a raíz de una iniciativa ciudadana que presentaron integrantes del Movimiento Feminista de Zacatecas.
A respecto, Emilia Pesci insiste: “Los Congresos de los estados están obligados a homologar las leyes locales con el criterio de la corte”.
Peligros a la salud
La activista reconoció que aun sin la armonización local, ninguna mujer puede ser castigada gracias a la determinación de la Corte; sin embargo, advirtió que sigue siendo necesario cambiar las leyes locales.
El código penal, en los términos en los que está, imposibilita reformas a la ley de Salud del estado que darían acceso a procedimientos seguros y gratuitos, de esa forma la legislatura que se va, restringió el derecho de las mujeres a la salud.
Pesci Martínez agregó que “si no pasó en esta Legislatura, sí se exhorta a la siguiente Legislatura a que se hagan las modificaciones necesarias que permitan que las niñas, adolescentes y mujeres en Zacatecas tengan acceso a una adecuada atención médica al momento de realizarse un aborto”.
Mencionó además que los términos de la legislación local “son completamente retrógradas” por incluir atenuantes que denotan “mucha misoginia y discriminación en el código penal”.
Ley retrógrada
El artículo 311 del Código Penal de Zacatecas impone “de cuatro meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure un aborto”, cuando se presenten circunstancias como: “que no tenga mala fama”, “que haya logrado ocultar su embarazo” y “que éste sea fruto de una unión ilegítima”.
El mismo artículo estipula que “faltando alguna de las circunstancias anteriores, la pena podrá ser aumentada hasta en un tanto más”.
La diputada presidenta de la Comisión Permanente del Congreso, Maribel Galván Jiménez reconoció que “la sola redacción del artículo es una grosería (…) esos argumentos son del año de las cavernas, pero así está redactada la ley, por eso la urgencia de modificarla”.
Aclaró que retomar la despenalización está en manos de la Comisión Legislativa de Justicia, la cual tiene más de 70 iniciativas paradas: “Yo sí espero que se descongele, que sí salga de la comisión para que pueda ser dictaminada y votada en el pleno”.
Cuando en mayo del 2023 se desechó la iniciativa en comisiones, quedó pendiente el compromiso de retomarla en sesiones posteriores para hacerle modificaciones, mismas que nunca se realizaron.
Maribel Galván reconoció que es una necesidad legislar en materia de equidad mediante esta y otras iniciativas que se quedaron paradas, como la que buscaba actualizar las penas del feminicidio en Zacatecas con los estándares internacionales.
En dicha reforma que ella misma elaboró y propuso desde el año 2022, se pretendía que si el feminicida tiene hijos con su víctima, mediante la misma sentencia condenatoria perdiera automáticamente la patria potestad, además de estar obligado a garantizar la sobrevivencia de los hijos que tuvo con la víctima.
“Hay mucha actividad todavía en comisiones, espero de verdad que asumamos nuestra obligación legislativa como corresponde y podamos seguir transitando, porque tenemos la obligación constitucional, hasta las cero horas del día 6 de septiembre”.
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