El secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza y el fiscal del estado, Francisco Murillo Ruiseco, lanzaron un ultimátum a los trabajadores que mantienen paralizada desde el viernes la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE); advirtieron que no se cumplirán sus demandas hasta que no liberen las instalaciones.
Aunque ambos reconocen que es justa su exigencia de aumento salarial, Rodrigo Reyes calificó de “mezquino, irresponsable e ilegal” la obstrucción de la procuración de justicia, de parte de “personas que buscan beneficiarse política o incluso económicamente” del conflicto.
A través de un video publicado en redes sociales, reiteró la voluntad del gobierno estatal de apoyar a la Fiscalía, y afirmó que se está haciendo un esfuerzo para que, a pesar de la difícil condición financiera del Estado, se encuentre una ruta para atender las demandas.
Aunque se busca “hacerle justicia a las y los trabajadores que durante años no han recibido un incremento salarial” también hizo responsables a quienes obstruyen la procuración de justicia ya que “se está poniendo en riesgo la seguridad de las y los zacatecanos”.
El fiscal lamentó que “las manifestaciones han conducido al cierre de instalaciones críticas que son indispensables para brindar un adecuado servicio a las y los zacatecanos que buscan justicia”.
Advirtió que el levantamiento de los bloqueos “deberá darse en las siguientes horas lo cual será necesario para realizar la dispersión de los recursos en la próxima quincena del día martes” y así retomar las labores.
Crisis de seguridad
Las manifestaciones en las que participan decenas de administrativos, peritos y policías de investigación, desde hace más de un mes, se radicalizaron el viernes impidiendo el acceso a las oficinas centrales de la Fiscalía y ministerio público.
También se impidió el acceso a parque vehicular y armas de policías de investigación, lo que provocó que se suspendieran diversos cateos. De igual forma se bloqueó el servicio médico forense donde se tiene bajo resguardo a más de 360 cadáveres no identificados.
Cabe recordar que desde el 8 de agosto los manifestantes ya habían paralizado parcialmente la institución, bloqueando los accesos a áreas como el Instituto de Ciencias Forenses y los Centros de Justicia para las Mujeres de Zacatecas y Fresnillo.
Además del aumento del 10% de los salarios de los cerca de mil 500 trabajadores, hay otras peticiones como una mejora del parque vehicular y herramientas de trabajo en áreas de investigación y medicina legal.