Mañana miércoles entra en vigor un decreto que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación que castiga con hasta siete años de prisión a las personas que tomen casetas y cobren dinero a los conductores.
La toma de casetas es una forma de manifestación común en Zacatecas y en nuestro país, como una forma de presión a las autoridades por parte de manifestantes que, levantan las plumas y piden dinero a los conductores para dejarlos pasar.
Precisamente la tarde de este martes, alumnos de la Escuela Normal Rural de San Marcos tomaron las casetas de peaje ubicadas en el municipio de Calera y de Osiris, exigiendo respuesta a las autoridades por la entrega de comida en mal estado.
El pasado 16 de febrero los docentes zacatecanos, tomaron esas casetas exigiendo el pago de su salario.
A partir de mañana, quien lo haga, irá a la cárcel.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que se emitió un Decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que reforma uno de los articulados de la Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC), que sanciona a quienes dañen, perjudiquen o destruyan dichas vías o los medios de transporte, o que para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje.
Rubricado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, el decreto modifica el primer párrafo del artículo 533 de la LVGC, que establece:
A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación, entrará en vigor a partir del 23 de febrero de 2022. Aclara que quedan derogadas todas aquellas disposiciones que se opongan al decreto.
El documento también fue firmado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, Sergio Carlos Gutiérrez Luna y Olga Sánchez Cordero Dávila, respectivamente.
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