Por segundo año consecutivo, el estado de Zacatecas perderá los recursos del Fondo Minero, luego de definirse en el Presupuesto de Egresos de la Federación que se redireccionen todos los recursos de los impuestos que se recaudan del 80 por ciento del pago de los derechos por explotación de minas a programas sociales y presupuestos de la Secretaria de Educación.
Estos recursos eran los que anteriormente constituían el Fondo Minero nacional, que se regresaba a los mismos municipios donde se tenía actividad minera.
Esto, advirtieron legisladores federales, además de violar el pacto del federalismo al no devolver a los municipios los recursos que de sus regiones se obtienen, pone en riesgo la recuperación de la ecología, viviendas y carreteras que están en más de 260 municipios de las regiones mineras de los estados del país, concentrados en estados como Coahuila Chihuahua, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas, entre otros.
El Fondo minero, que en sus mejores momentos llegó a recaudar hasta más de 100 millones de pesos, de acuerdo a legisladores de la comisión de Hacienda, obtuvo el año pasado 800 millones de pesos y el Ejecutivo federal decidió rebajo a 263 millones de pesos, sin que se explicará a dónde se destinó el recurso derivado de este fondo.
Sumado a la opacidad del ejercicio de estos recursos, este año que viene, con el aval de Morena en el Congreso federal, el recurso del fondo minero se redirecciona totalmente a programas sociales, obras de la presidencia y presupuesto para la Secretaria de Educación Pública.
La diputada zacatecana Frida Esparza recordó que el fondo fue creado por el Senado de la República en 2014, con el pago de Derechos Especial, Adicional y Extraordinario para empresas mineras, y destacó que al inicio del gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se recibieron de este fondo poco más de 800 millones de pesos, de los cuales sólo destinó menos de 250 millones a los municipios, “y el resto lo retuvo, queda duda hacia dónde”, indicó la legisladora perredista.
Recordó que este dinero se debe destinar para resarcir el medioambiente, la salud y la infraestructura dañada de los habitantes de los municipios, donde hay minas; pero con el pretexto de que estos recursos eran sujetos de corrupción, la presidencia decidió retenerlos, por el pretexto de que la inversión del recurso no se destinaba en el municipio, sino en zonas aledañas.
De acuerdo con el diputado coahuilense Rubén Moreira, “el dinero del fondo minero, en lugar de entregar a los municipios y una pequeña parte a los estados, se concentrará en la Ciudad de México y lo que va a suceder es que no veremos recuperación ambiental ni infraestructura en los municipios, y donde se genera la riqueza no regresan los impuestos”.
Añadió que este recurso era muy importante para muchos municipios que han sido afectados constantemente desde tiempos de la Colonia.
Los legisladores reiteraron que ésta es una grave lesión al municipalismo y a la federación, pero sobre todo poblaciones como Cananea en Sonora, San Juan de Sabinas en Coahuila, Concepción del Oro en Zacatecas, sólo por mencionar algunas poblaciones, que se verán afectadas en la salud de sus habitantes, así como en su medioambiente, infraestructura en viviendas, calles y carreteras, concluyen los legisladores.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), consideró que el Paquete Económico que presentó el Gobierno Federal significa la continuación de una política económica fallida, que nos ha llevado de crecimientos por encima del dos por ciento a crecer este año en menos del 0.5.
Desde la tribuna de la Cámara de Diputados la legisladora Frida Alejandra Esparza Márquez, fijó el posicionamiento del GPPRD recordando un twitter del año 2014 publicado por el actual presidente, en donde señalaba una crítica a la economía de ese entonces, la cual sólo había crecido un 0.8 por ciento y le parecía nada.
Esparza Márquez se preguntó qué pensaría el Andrés Manuel de esa época si supiera que este año la economía crecimos 0.1 por ciento.
La diputada federal por Zacatecas señaló que el manejo de la economía ha sido errático, se ha detenido la inversión, se ha ahuyentado al capital y sobre todo se ha generado desconfianza.
Así mismo expreso que la miscelánea fiscal que presentó el Gobierno Federal tiene tres grandes retos. El primero es obtener dinero para cumplir los caprichos del presidente en megaproyectos destinados al fracaso y para fondear programas electoreros. El segundo, frenar la caída en los ingresos del Gobierno, resultado de malas decisiones tomadas y que agudizará la política de terrorismo fiscal. Y tercero, inyectar dinero a Petróleos Mexicanos (Pemex) por la necedad de un gobernante que no voltea ver otras opciones.
Subrayó que el paquete de ingresos que se discute busca recaudar a todo lo que se pueda queriendo poner impuestos la venta por catálogos o a las plataformas digitales, incluyendo el impuesto a las plataformas con contenido digital educativo cual afectará principalmente a los jóvenes que por necesidad tienen que trabajar y no pueden asistir a una educación presencial.
Esparza Márquez hizo énfasis en el interés que tiene la bancada de PRD en que los ingresos obtenidos por el Fondo Minero y los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería, se destinen en un 85 por ciento a la Secretaría de Educación Pública para la reconstrucción, remodelación y equipamiento de centros escolares.
Otro problema sumamente criticable, señaló la legisladora, es el relacionado con el Fondo para Migrantes. En este sentido, se pronunció por que los derechos que se cobren a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se distribuyan en un 20 por ciento al Instituto Nacional de Migración, 60 por ciento a estudios y proyectos de inversión en infraestructura turística, y 20 por ciento al Programa 3x1 para Migrantes.
Enfatizó la gravedad de que este último Programa desaparece sin mayor explicación, sin una valoración objetiva y sin ningún otro programa que lo sustituya. “Con esto, de un plumazo se dejan de apoyar iniciativas de los migrantes para realizar proyectos de infraestructura social o servicios comunitarios, proyectos productivos que contribuyan al desarrollo de sus comunidades de origen”.
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