“Es un gran golpe para las entidades federativas, Zacatecas no podrá hacerle frente”, opinó la diputada Gabriela Basurto Ávila sobre la reciente aprobación de la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres que obligará a los Estados a destinar los recursos para atender emergencias por fenómenos naturales.
La nueva normatividad federal considera responsabilidad de los gobiernos de los Estados y Municipios, la contratación de seguros y demás instrumentos para la cobertura de daños causados por un desastre originado por fenómenos naturales, todo ello conforme a su disponibilidad presupuestaria.
El documento, con el que se abroga la Ley General de Protección Civil del 2012, fue avalado en la Cámara de Diputados con 242 votos a favor (de la mayoría de Morena, Partido Verde y PT, y 204 en contra de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
La diputada local del PRI, y presidenta del Órgano de Administración y Finanzas calificó como injusto que la Federación está aumentando las obligaciones de las entidades, mientras que no se atreve a modificar la fórmula con la que se reparten los recursos a los estados.
Recordó el recorte de cerca de tres mil millones de pesos que sufrió Zacatecas en participaciones federales ya presupuestadas del 2023, así como la reducción en términos reales del gasto federalizado 2024 que se aprobó para el Estado.
La Federación aprobó poco más de 35 mil millones de pesos de gasto total para Zacatecas en el actual ejercicio, lo que representa cuatro por ciento menos que lo aprobado para el 2023.
“La Federación está teniendo cada vez más recursos, y a nosotros nos dan más obligaciones quitándonos recursos”, enfatizó en entrevista Basurto Ávila.
Otro caso en el que se afecta a Zacatecas y a otros estados, es el de “la llamada federalización de la salud” pues el gobierno de México, a través del IMSS Bienestar, se apropia del manejo de los recursos para la atención de la población, aunque la responsabilidad sigue siendo de los estados, explicó.
Agregó que Zacatecas hoy enfrenta las consecuencias de la sequía histórica del 2023, como es la descapitalización de los campesinos, mientras que la federación negó la declaratoria de desastre natural, además de que no aportó recurso extraordinario alguno para apoyar al campo siniestrado.
Cabe señalar que este medio solicitó la postura de autoridades del poder ejecutivo de Zacatecas, pero esta no fue proporcionada.