Luego de años de amparos y de una controversia constitucional en contra de los impuestos ecológicos, en lo que va de las 2022 empresas de diversos giros han pagado cerca de 260 millones de pesos al gobierno del estado de Zacatecas por dicho concepto.
Ricardo Olivares Sánchez, secretario de Finanzas del estado de Zacatecas informó que siguen las pláticas con cinco grupos de empresas –en su mayoría mineras- para que se pongan al corriente con este gravamen y la cifra captada se eleve a cerca del doble.
Cabe recordar que Zacatecas fue el primer estado del país en crear los impuestos ecológicos, los cuales fueron aprobados por el Congreso local desde su Ley de Ingresos del 2017 y validados por la Suprema Cortes de Justicia de la Nación (SCJN) en el 2019, dando así por concluida una controversia constitucional.
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A pesar de que la resolución de la SCJN establece que los impuestos ecológicos estatales sí son constitucionales, grupos industriales siguieron oponiéndose a través de amparos específicos otorgados en el 2020 en contra de la validez de dos de los cuatro impuestos.
Hasta la primera quincena de noviembre de este año, eran ya 25 las empresas “que vienen pagando” el impuesto según dijo el secretario de finanzas. En entrevista agregó que hay optimismo de que la cifra de este ejercicio fiscal crezca gracias al número de contribuyentes cumplidos.
Argumentando el “secreto fiscal”, el funcionario se negó a revelar los nombres de las empresas que no han cubierto el gravamen, sólo se limitó señalar que la gran mayoría son del sector minero.
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Incluso dijo que existe gran confianza de rebasar la meta de 500 millones de pesos de recaudación incluidos en la Ley de Ingresos del estado de Zacatecas correspondiente al 2022.
Según dicho documento aprobado por el Congreso local, de los cuatro impuestos ecológicos del estado, el que mayor recaudación representa es el de Emisión de Gases a la Atmósfera, por el cual se contemplan 410 millones de pesos.
Los impuestos Por Remediación Ambiental en la Extracción de Materiales y Al Depósito o Almacenamiento de Residuos, cada uno especifican 35 millones de pesos; y por el impuesto a la Emisión de Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua, sólo 20 millones.
Ricardo Olivares apuntó que se está negociando “con los grandes” para evitar auditorías, y procesos que lleven a dos o tres años de litigios. Aunque dijo que esos procesos terminarían por darle la razón al gobierno, opinó que es mejor negociar para dar confianza a la iniciativa privada y a potenciales inversionistas.
