El Poder Judicial de la Federación emitió un acuerdo en el que obliga a las autoridades del Issstezac, a pagar los aguinaldos atrasados de un grupo de 50 pensionados, bajo pena de multa, inhabilitación o cárcel.
Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el Estado, en un previsto de cumplimiento de ejecutoria y apercibimiento, con fecha de 31 de julio, requiere al director general del Instituto y a los siete integrantes de su Junta Directiva, a hacer el pago dentro del término de cinco días hábiles.
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Debido a que en el pasado “manifestaron carecer de fondos”, el juez alude al Fondo de Saneamiento Financiero aprobado en el Presupuesto de Egresos 2023 por la Legislatura, el cual cuenta con 150 millones de pesos para apoyar a los entes públicos cuya estabilidad financiera peligra.
El Tribunal cita los lineamientos de dicho Fondo publicados en el Periódico Oficial, cuyo artículo siete señala que el recurso se destinará a cubrir “obligaciones financieras” entre las que se encuentran el “pago de laudos” y “pago de otras obligaciones patronales de seguridad social”.
Entre los pensionados a los que se debe hacer el pago, están 44 a los que se adeuda el aguinaldo de los años 2021 y 2022, y seis más que reclaman el aguinaldo del 2022.
Las sanciones
La primera de las sanciones a las que se exponen las autoridades es una multa de cien unidades de medida y actualización (UMA) y “si persiste la renuencia, procede la destitución e inhabilitación; y en último extremo, la consignación ante el juez penal, para la imposición de la pena de privación de la libertad”.
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El juez señala como autoridades responsables a Ignacio Sánchez González, director general del Issstezac; a Verónica Yvette Hernández de Lara, presidenta de la Junta Directiva del Instituto y a los consejeros de la junta: Ricardo Olivares Sánchez, secretario de Finanzas del gobierno estatal; Rodrigo Castañeda Miranda, secretario de Economía y Ruth Angélica Contreras, coordinadora Estatal de Planeación.
También figuran tres líderes sindicales que fungen como consejeros: José Israel Chávez Leandro, secretario general del SUTSEMOP; Óscar Castruita Hernández, de la sección 58 del SNTE y a Héctor Manuel Fernández Medina, del SITTEZ.
Gobernador sujeto a sanción
Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por la Ley de Amparo, el juez requiere a David Monreal Ávila, gobernador de estado, en su carácter de superior jerárquico, efecto de que ordene a los miembros de la Junta Directiva y al director del Issstezac “el cumplimiento total de la ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo”.
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El acuerdo agrega que “de no hacerlo se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente”.
Aclara que “no bastará con el hecho de que como superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad; sino, que deberá demostrar haber hecho uso de todos los medios de apremio a su alcance a fin de lograr el debido cumplimiento” y “para vencer la renuencia de sus subalternos”.
