Zacatecas y Tabasco se sumaron a otras ocho entidades cuyos gobiernos enfrentan una situación de crisis debido a que los pagos de jubilaciones y pensiones del magisterio ponen en riesgo su viabilidad financiera. Otras diez entidades requieren modificaciones a mediano plazo para no caer en impagos y cuatro más están exentas de esa situación, revela un reporte actuarial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En Tabasco la nómina de pensionados se incrementó exponencialmente durante el periodo que va de 2012 a 2015, mientras que entre 2016 y 2019 creció en poco más de 20 por ciento. En marzo del año pasado, el gobernador Adán Augusto López, hoy propuesto como secretario de Gobernación, emitió el Decreto 192 para reformar al Instituto de Seguridad Social del Estado (ISSET).
“(El aumento de las pensiones) indudablemente recrudeció la situación económica del ISSET provocando un desequilibrio desproporcionado entre los ingresos y los egresos erogados en el cumplimiento de su objeto”, indica el Decreto.
A pesar de ello, se decidió “que la medida menos lesiva y, por tanto, más idónea para los trabajadores, es conservar el monto de las cuotas que se enteran al ISSET, porque, aunque insuficientes, pese a su incremento en 2015, el actuar de otro modo mermaría la situación financiera de los trabajadores”.
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En su diagnóstico, el SNTE afirma que la situación del edén mexicano “se ha tornado compleja desde hace ya un poco más de una década, ello como consecuencia de la crisis que ha enfrentado el país y que se ha exacerbado en los últimos años, lo que se corrobora con los informes de la valuación actuarial del sistema de pensiones y prestaciones del ISSET de 2008, 2009, 2010, 2014, 2016, 2017 y 2019”.
Incluso la entidad intentó modificar los criterios de los beneficiarios para aumentar las aportaciones de los trabajadores y reducir el monto del último salario al momento del retiro, pero se encuentran en controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Según el documento, 51.9 por ciento del presupuesto de egresos del ISSET en 2016 se destinaba al pago de pensiones, para 2017 ya era de 57 por ciento, en 2018 pasó a 60 por ciento y en 2019 alanzaba 71.8 por ciento.
En el caso de Zacatecas, el gobernador Alejandro Tello presentó una iniciativa para incrementar de 12 a 16 por ciento las aportaciones de cuotas de los trabajadores e incrementar de 55 a 65 años la edad de jubilación. Ello incluye vender cerca de 25 inmuebles y negocios que son patrimonio de los 24 mil derechohabientes en la entidad, en su mayoría maestros de la educación básica, y con los cuales busca fortalecer las finanzas de pensiones, dado que durante las últimas dos décadas se adquirieron con recursos de esos fondos.
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A finales de 2019, el mandatario local dijo que su estado tenía dificultades para pagar a sus maestros, por lo que desde ese entonces gestiona recursos extraordinarios para los sueldos de alrededor 10 mil docentes.
Dirigentes de la CNTE y del SNTE en la entidad afirmaron que “hoy está al borde de la quiebra” el sistema, pero rechazan la propuesta de Tello como la adecuada para enfrentar la situación. Por lo mismo han intensificado las movilizaciones en contra de la iniciativa.
Según el estudio actuarial del SNTE, que es público en su página de transparencia, también se encuentran en situación de crisis Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Durango.
Los actuales esquemas de pensión para el magisterio o los trabajadores de la educación otorgan este beneficio de la pensión a quienes cumplieron desde 27 años de servicio en el caso de las mujeres.
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Las entidades cuya viabilidad financiera depende de las condiciones en las que se encuentre el ISSSTE son Baja California Sur, Hidalgo, Quintana Roo y la Ciudad de México.
Las que tienen casi una década para poder analizar su situación y prevenir dificultades financieras son Sonora, Estado de México, Puebla y Campeche.
El documento que analiza la Seguridad Social de los Trabajadores de la Educación advierte que en el mediano plazo los sistemas que requerirán una reforma son los de Nayarit, Coahuila, Yucatán, Guerrero, Oaxaca y Michoacán.
Aunque en este último, Gamaliel Guzmán, secretario general de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), aseguró que la situación es “urgente y crítica” debido a que no hay ni para pagar salarios de los docentes en activo.
Ello a pesar de que desde diciembre de 2018 el gobernador decidió regresar a la Federación los servicios de educación básica, y para entonces el déficit financiero de la entidad sumaba cuatro mil 200 millones de pesos.
En el caso de Chiapas, la entidad adeuda mil 200 millones de pesos a los maestros entre salarios y pagos de pensiones y jubilaciones rezagadas, afirmó Petronilo Ledezma de la CNTE, lo que en este momento se convierte en un punto de negociación para el inicio de clases presenciales y virtuales.
En el caso de San Luis Potosí, el gobierno presentó una iniciativa en el congreso local en diciembre del año pasado para crear un “bono de permanencia voluntaria”.
Consiste en entregar 20 días de sueldo cotizado y se entregará anualmente a los trabajadores que hayan ingresado a laborar antes de la publicación del decreto. Es para quienes cumplieron un periodo de 31 a 35 años de cotización para los hombres, y de 29 a 33 años de cotización para las mujeres.
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Aunado a ello, se pagará un bono adicional a la permanencia voluntaria consistente en 70 días de sueldo base cotizado ante la Dirección de Pensiones, por cada año adicional ininterrumpido a quienes permanezcan en servicio después de haber cumplido los 35 años de cotización los hombres, y 33 años de cotización las mujeres.
Según el diagnóstico actuarial del SNTE, existen en el país poco más de 7.5 millones de personas que son derechohabientes directos e indirectos del magisterio.
║ Con información de El Sol de Morelia y El Sol de Zacatecas
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