Al comparecer ante diputados locales, el Auditor Superior del Estado (ASE), Raúl Brito Berumen reconoció que, a través de una reforma necesaria, el Congreso local deben tomar decisiones dolorosas para darle viabilidad al Issstezac y evitar así su desaparición.
El auditor, y el representante de la titular de la secretaria de la Función Pública, José Luis Carrillo Delgado, quien funge como subsecretario de Responsabilidades, expusieron las causas de la insuficiencia de recursos, así como una serie de faltas administrativas detectadas en la última década al interior del organismo de pensiones.
Raúl Brito explicó que, más allá de castigar a los responsables y lograr que se reintegren los recursos que pudieran haberse robado, el problema del Issstezac es estructural y requiere de una reforma en la que serían necesario cambios dolorosos, como obligar a los trabajadores y al gobierno a aportar más recursos, cerrar los negocios sin utilidades y liquidar a los trabajadores de los mismos.
Explicó que los hoteles no son competitivos, porque pagan salarios cien por ciento mayores que los que pagan los hoteles privados. Como un ejemplo mencionó a trabajadores de limpieza que ganan hasta 23 mil pesos, mientras que en un hotel privado ganarían entre ocho mil y 10 mil pesos.
Irregularidades
Entre las irregularidades detectadas por la ASE en el año 2021, en una investigación hecha con el apoyo de un despacho privado, mencionó que se detectó la asignación de recursos a sindicatos como el Sutsemop, SITTEZ, SNTE, sin ningún sustento.
Además, se documentó el pago de prestaciones a trabajadores no previstas en los tabuladores estatales. Hubo personal en categorías y mandos superiores no considerados en los estatutos, el salario asignado no correspondía en algunos casos al puesto, y las prestaciones por retiro voluntario fueron hasta del doble de lo permitido.
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Hubo además irregularidades en contratos como falta de firmas y omisión de documentación en procesos de adjudicación.
Por su parte, José Luis Carrillo Delgado informó que, en la Secretaría de la Función Pública, hay 34 expedientes de investigación en proceso, por causas y denuncias de falta o retraso de pago de pensiones y bonos a jubilados, sustracción de mercancías de la farmacia 01, irregularidades en la reserva técnica, ingresos no reportados en el área deportiva, pagos por retiro injustificados a personal directivo.
¿Por qué no hay nadie en la cárcel?
Sólo ha habido un funcionario sancionado, quien fue encontrado culpable por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas de haber tomado y difundido material de videovigilancia del Instituto sin autorización. La autoridad determinó daño patrimonial de 79 mil pesos y se le inhabilitó por un periodo de 15 años.
El diputado, Ernesto González Romo cuestionó porqué ante tantas irregularidades y “tanta robadera”, ningún exfuncionario ha pisado la cárcel.
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En el caso de los delitos y faltas graves, el representante de la SFP explicó que al órgano fiscalizador sólo le corresponde presentar las denuncias ante instancias como la Fiscalía General de Justicia del Estado, para llevar a los jueces a los servidores públicos.
Por su parte, Raúl Brito explicó que todas las observaciones se encuentran en el Tribunal de Justicia Administrativa.
Causas de insuficiencia de recursos:
El auditor superior recordó que la Ley del Instituto fue publicada en 1986 y fue una copia de las leyes de seguridad social de los años 50 y, por varias décadas “no se le modificó ni una coma” para actualizarla ante las nuevas necesidades.
Afirmó que un año después de la fundación del órgano de pensiones ya había 175 pensionados, por lo que el Instituto no logró capitalizarse desde su creación.
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Enfatizó que la primera ley no contemplaba edad mínima de jubilación por lo que hubo casos de trabajadores que se retiraron a los 44 años de edad, como ocurrió con integrantes de la Banda de Música del Estado.
Tras insistir en que las empresas del Issstezac sufren pérdidas millonarias, recordó que el negocio más próspero del Instituto era el de préstamos gracias a que se cobraban tasas de interés de hasta el 36%. “Era un muy buen negocio para el instituto, pero por la falta de recursos se cancelaron los préstamos”.