Fue presentada una prórroga ante la Junta Local de Conciliación, y Arbitraje (JLCA) por parte del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), bajo la posibilidad de que el rector logre gestionar los recursos necesarios para que la institución no se hunda financieramente.
Durante algunos años rectorales se ha abandonado un convenio que implica condonar el adeudo de mil 900 millones de pesos ante el ISSSTE, por lo que ante la posibilidad de firmar este convenio el próximo 28 de febrero es que se solicita esta prórroga.
Así lo informó el secretario General de ese sindicato, Pedro Martínez Arteaga, quien argumentó que se tendría un plazo de 15 días más, es decir, en lugar de tener el plebiscito el 19 y estallar el 20 de febrero, se recorrería la fecha para que el estallamiento sea el 5 de marzo y el plebiscito el 3 de marzo, con ello el rector Antonio Guzmán Fernández lograría romper un logro histórico al dejar un convenio firmado con el ISSSTE.
Sobre el convenio que fue firmado en diciembre de 2019, fue prácticamente a costa de las y los trabajadores, así como de los subsidios o préstamos extraordinarios, por lo que el deseo manifestado por Martínez Arteaga, es se debe entender que se requieren cuatro rectores y cinco secretarios generales que discurran su tiempo y gestión para dar cumplimiento al convenio.
“Sino se firma, nuestra Universidad se va a seguir hundiendo”.
Martínez Arteaga, manifestó que ahora únicamente se espera una respuesta sobre esta prórroga agregando la necesidad de que la sociedad entienda que todo es viable para Guzmán Fernández, al contar con más días para poder gestionar y que la UAZ no siga siendo corrupta y con rectores omisos en cuestión del recurso económico.
A pesar de que en la asamblea efectuada el jueves 13 de febrero no asistieron más de 60 académicos, dijo que existe algo positivo pues en próximos días se contará con la presencia de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, lo que permitirá poder cambiar los estatutos.
Sin embargo, el problema se da por parte de los directores, coordinadores de área y rectores corruptos, al permitir la entrada de mil 200 docentes, en donde la gestión era omisa ante las y los integrantes del sindicato, y en lugar de pagar la seguridad social se pagaba el salario.
“Hay una generación de 10, 12 años, perdida, que quieren hacer un trámite con los directores y los rectores con Femat y con Domínguez”, reiteró que con lo que respecta al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) a este no se le moverá una coma.