Ante la imposibilidad del Issstezac para pagar el aguinaldo, el Poder Judicial de la Federación (PJF) concluyó que el gobierno estatal dispone de un Fondo de Saneamiento Financiero con el que deben cubrirse las obligaciones patronales de seguridad social, cumpliendo así los propios lineamientos de dicho fondo.
Lo anterior se desprende de un acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito que deja “insubsistente” la resolución de un juez que omitió sancionar a autoridades del Issstezac que incumplieron el amparo a favor de una de las miles de pensionadas y pensionados que no han recibido su aguinaldo del 2021.
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En el documento que incluye la resolución del Tribunal (Incidente de Inejecución de Sentencia: 16/2013) emitido por el magistrado presidente y ponente, Francisco Olmos Avilez, se advierte no sólo la responsabilidad de directivos del Instituto, sino también del gobernador, David Monreal Ávila como su superior jerárquico.
Existen cerca de dos mil amparos similares pendientes de ejecutoría, correspondientes a igual número de pensionados, informó a este medio Jorge Rada Luévano, representante legal de quienes exigen el pago de su prestación de los años 2021 y 2022.
Integrantes de este año grupos de pensionados, han protestado ya dos veces en la sede del PJF, pidiendo a los jueces no concedan más prórrogas al Issstezac, pues ello ha retrasado el cumplimiento de los amparos de forma indefinida.
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Según datos del Instituto, hasta junio del 2023 se ha cubierto el aguinaldo 2021 de mil 241 pensionados amparados, quienes representan sólo el 27.6% del total; faltan tres mil 256 que representan un pago pendiente de 99.8 millones de pesos.
Cabe recordar que, en julio de este año, secretarios del gobierno estatal y líderes sindicales que integran la Junta Directiva del Issstezac fueron multados con 150 UMAS por el juez primero de distrito debido a que no justificaron su imposibilidad de acatar la orden de pagar el aguinaldo a otra jubilada.
Sí hay recursos
De acuerdo con el Incidente de Inejecución de Sentencia 16/2013, correspondiente a la sesión ordinaria del Tribunal Colegiado realizada el 13 de julio, el director general del Issstezac, Ignacio Sánchez, intentó demostrar la imposibilidad de pagar el aguinaldo de la pensionada, proporcionando una copia simple del saldo de la cuenta bancaria del Instituto.
Dicha prueba bastó para que, en abril pasado, el juez primero de distrito no hiciera efectiva la multa en contra del funcionario. Al respecto, dicho Tribunal determinó que “el fallo se llevó a cabo de forma incorrecta” por apartarse de lo que estipula la Ley de Amparo y los criterios jurisprudenciales.
“De ser cierto ese escenario”, en el que el Instituto no puede pagar el aguinaldo de la pensionada quejosa, el Tribunal menciona la existencia del Fondo de Saneamiento Financiero aprobado por la Legislatura en el presupuesto 2023, mismo que cuenta con 150 millones de pesos para apoyar a los entes públicos cuya estabilidad financiera peligra.
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El tribunal cita los lineamientos de dicho Fondo publicados en el Periódico Oficial, cuyo artículo siete señala que el recurso se destinará a cubrir “obligaciones financieras” entre las que se encuentran el “pago de laudos” y “pago de otras obligaciones patronales de seguridad social”.
Cita además el artículo 12 de los lineamientos, que autoriza una cantidad de 100 millones de pesos “para el saneamiento financiero del Issstezac”.
El documento que incluye la resolución del pleno expresa:
Se aprecia que los recursos del Fondo de Saneamiento pueden referirse a uno o varios destinos, entre ellos, el pago de las pensiones jubilatorias de seguridad social del ejercicio fiscal 2022, dentro de las cuales se encuentran las erogaciones del aguinaldo de la parte quejosa.
Gobernador “evasivo”
En el recuento del caso que hace el Segundo Tribunal Colegiado, se reconoce la responsabilidad del gobernador, David Monreal Ávila en el incumplimiento de la ejecutoría del amparo de la pensionada.
En acuerdo del 4 de abril, el juez primero de distrito requirió por última ocasión al director del Instituto, Ignacio Sánchez para que diera cumplimiento al fallo a favor de la pensionada, y también requirió al gobernador “como superior jerárquico” para que le ordenara a su subalterno cumplir la sentencia.
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El gobernador solamente requirió mediante un oficio, al director para que diera cumplimiento. Según el Tribunal Colegiado, el mandatario debió demostrar que ejerció todos los medios de apremio a su alcance para vencer la renuencia de su subalterno a cumplir la ejecutoria.
El Tribunal Colegiado agrega que la actuación del gobernador “se debió considerar insuficiente y por lo tanto tenerlo como acreedor de las mismas sanciones que corresponden a las autoridades subalternas obligadas a cumplir el fallo protector y tenerlos a todos como renuentes o evasivos a fin de sancionarlos gradualmente”.
