Zacatecas, Zac.- La secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, afirmó que en esa instancia no existen observaciones ni investigación directa en contra del ex gobernador Miguel Alejandro Alonso Reyes, pero sí continúan en investigación algunos integrantes de su gabinete que pudieran recibir sanciones.

Señaló que en lo que tiene la Secretaría de la Función Pública no hay observaciones directas en contra del ex gobernador, “ni por parte de la Auditoría Superior de la Federación ni por parte de la secretaría de la Función Pública Federal”.

Todas las observaciones pendientes están prácticamente, respecto de la ejecución de los recursos, en las dependencias y las entidades correspondientes y hasta ahorita es lo que se tiene.

Respecto a la revisión a fondo solicitada por el gobernador Alejandro Tello a la Auditoría Superior de la Federación, a la parte final de la administración pasada, explicó que la entidad fiscalizadora viene, audita y, entonces emite un informe final de auditoría donde vienen las observaciones.

Obviamente, la Secretaría de la Función Pública, como lo que se puede llamar enlace, de la Auditoría Superior de la Federación con el Gobierno del Estado, es el puente de comunicación para que las dependencias estén atendiendo y busquen solventar las observaciones.

En ese sentido, cuando la Auditoría Superior de la Federación, después del plazo que se otorga para solventar, advierte que no lo hacen, y se emiten las sanciones.

Antiguamente se daba la oportunidad para solventar y si no se hacía todavía se daba un nuevo plazo, se emitía un pliego de observaciones, y todavía decían Función Pública emito este pliego de observaciones que no fueron solventadas para que veas si la dependencia todavía puede solventar, pero a la par para que analices si puedes instaurar un procedimiento de responsabilidad en contra de estos servidores públicos.

Incluso, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación normalmente los pliegos llegan con nombre y apellido, entonces se iniciaban procedimientos de los cuales han derivado varias de las acciones que hasta la fecha se han emitido.

Paralelo a ello, se enviaban documentos para pedir la solventación.

En varios casos, se emitió un documento donde se les decía que las observaciones tales de las que se hizo llegar documentación ya se dan por atendidos, ya se corrigió la falta, se reintegró tal recurso, subsanaron tal circunstancia, se pudo obtener el permiso que no se tenía de tal instancia normativa y en ese sentido se solventaba.

La Auditoría Superior de la federación está diciendo que ahora que hubo el cambio llegan y ven que muchas observaciones no lograron solventarse y ellos dicen que se va a proceder al fincamiento de responsabilidades resarcitorias.

Cuando ellos inicien, es difícil que la Función Pública pueda tener conocimiento porque se van ya directamente con el imputado, se van directamente con el servidor público, o con el ex servidor público, pero es un comunicado a su domicilio, ya no entra el Gobierno estatal, ya no necesariamente se tiene que conocer el estatus que guarda porque es un asunto que directamente lo ven las áreas jurídicas de la Auditoría Superior de la Federación.

La revisión a fondo que solicitó el gobernador Alejandro Tello de la administración anterior, es en el sentido de que se revise y se diga si en esas observaciones que hubo en 2014, 2015 y 2016 detectaron hechos de corrupción, porque es muy distinto que se hable de faltas administrativas a que se hable de hechos de corrupción.

Entonces dice revisen, valoren, y si hay actos de corrupción sancionen, e igual si son faltas administrativas que finalmente ya no se solventaron pues proceder según corresponda.

De cualquier manera, la secretaría de la Función Pública está revisando de nueva cuenta qué son las observaciones consideradas, que no fueron todavía atendidas, habrá algunas que haciendo un esfuerzo, todavía algunas dependencias logren solventar, porque en su momento tales expedientes probablemente se solicitaron y no se entregaron, por lo que haya sido, pero están ahí, cuáles no se pueden solventar, y en las que no se pueda definitivamente tener una solventación porque ya son hechos consumados o que no hay elementos para justificar tendrán que asumir las consecuencias en materia de responsabilidades resarcitorias los ex servidores públicos.

En su momento, las observaciones que le correspondan a la actual administración tendrán que ir asumiendo esa parte.