Zactecas, Zac.- La Secretaría de la Función Pública anunció la inhabilitación del exsecretario de Finanzas, Fernando Soto Acosta, por 20 años; de la exsecretaria de Economía Patricia Salinas Alatorre por 10 años, y el exsubsecretario Christopher Ávila Mier por cinco años.
La titular de la Secretaría de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, expresó que se han inhabilitado a más de 30 exservidores públicos estatales, además de que se tienen 250 carpetas de investigación abiertas por diferentes denuncias y observaciones.
En esta ocasión las sanciones fueron a tres exfuncionarios de la administración encabezada por Miguel Alonso Reyes y uno de la administración encabezada por Alejandro Tello Cristerna.
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Fueron inhabilitados para ejercer puestos públicos luego de haber cometido daños en contra de las arcas públicas estatales.
La secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, dijo que las sanciones se derivan de la denuncia interpuesta por el actual secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, así como de observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado.
La última emisión de sanciones concluye con la inhabilitación de dos exsecretarios, una inhabilitación para un subsecretario actual y un exsubsecretario.
En el caso de Fernando Soto Acosta es por su gestión como secretario de Finanzas.
En el caso de Patricia Salinas Alatorre fue por irregularidades cometidas durante su participación como secretaria de Economía.
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Son fundamentalmente estas dos instituciones de las que devienen las sanciones.
De acuerdo con la revisión, la anterior administración estatal realizó un pago excesivo de intereses al banco Interacciones.
En tanto, la Secretaría de Economía adquirió terrenos con sobreprecio.
Por la actuación que se tuvo se genera un daño al erario público porque no se buscaron las mejores condiciones de economía para el estado.
Las decisiones tomadas impactaron seriamente en la erogación de recursos que pudieron haberse evitado, y en ese sentido va la determinación.
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Las personas sancionadas aún tienen la posibilidad de impugnar la resolución de la Secretaría de la Función Pública, ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
Existe confianza en la solidez de la investigación, siempre se busca que los procedimientos vayan lo mejor realizados posible y evidentemente que la persona sancionada va a buscar cualquier resquicio, cualquier debilidad que pudiera tener y es normal, ellos buscarán su defensa, la dependencia buscará hacer los procedimientos, desarrollarlos de una manera sólida, con los elementos que se tienen y con lo que se pueda ir corroborando.
Esta es una prueba de lo que ha dicho el gobernador Alejandro Tello, que no es sólo palabra, ha habido mucha presión ciudadana hay mucha molestia por el tema de la impunidad y es una de las tareas y están conscientes de ello.
Independientemente de las acciones preventivas que se puedan realizar, el tema de las sanciones es un tema que se debe dar cuenta a la ciudadanía y se está trabajando.
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