Los Servicios de Salud clasificaron irregularmente en general toda la información solicitada por una empresa respecto al soporte documental de varias facturas fraccionadas que amparan la contratación del servicio integral de osteosíntesis, entre otras adquisiciones hechas a un mismo proveedor, por un monto superior a los 30 millones de pesos.
El tema se resolvió en sesión ordinaria de Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), donde los Comisionados Samuel Montoya Álvarez, Julieta Del Río Venegas y Fabiola Torres Rodríguez analizaron 190 inconformidades interpuestas por una empresa contra Servicios de Salud de Zacatecas por no entregar información, derivado de ello se instruyó entregar la versión pública de todo el soporte documental que ampara el pago de facturas por sumas variadas que van desde los 174 pesos hasta los dos millones, 966 mil pesos.
De las inconformidades, 75 recursos de revisión recayeron bajo la ponencia del Comisionado Presidente Samuel Montoya Álvarez, 39 bajo ponencia de la Comisionada Julieta Del Río Venegas y 76 fueron turnados a la Comisionada Fabiola Torres Rodríguez.
En sus relatorías, los Comisionados explicaron que la empresa que se inconformó por la negativa de la información de parte de Servicios de Salud dirigió 190 solicitudes a la dependencia entre el 28 y 29 de octubre del 2019 a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde requirió el soporte documental para el pago de facturas específicas de montos variados, incluyendo cada documento referente a los pacientes, como los oficios emitidos por cada unidad hospitalaria, recetas médicas, pólizas de seguro popular, CURP y documentos donde el proveedor indica que el material se entregó en la unidad hospitalaria, además de consumos generados en cirugía. También pidió las facturas derivadas de la contratación del servicio integral de osteosíntesis a dicho proveedor, procedentes de una licitación pública internacional.
En respuesta a ello, el sujeto obligado clasificó todos los documentos bajo el argumento de que la información solicitada contenía datos personales, ante lo cual el representante legal del recurrente acudió de manera presencial al IZAI para presentar su inconformidad por la respuesta, al señalar que en los archivos hay información pública, además de que el sujeto obligado no emitió el aval del Comité de Transparencia ni señaló la prueba de daño por la cual no entregó ningún documento.
Iniciado el proceso, el sujeto obligado emitió sus manifestaciones e insistió en la negativa, argumentó que al proporcionar los documentos se podría identificar, de manera indirecta, a los titulares de datos personales. No obstante, no precisó cuáles serían los datos personales que incluyen los documentos.
Aunado a ello, la institución dio vista del acta del Comité de Transparencia y determinó no entregar versiones públicas al considerar que la información no es de interés público.
Al resolver, el Comisionado Presidente Samuel Montoya Álvarez enfatizó que todas las personas están facultadas a solicitar información en poder de las instituciones públicas y su derecho está amparado por el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 29 de la Ley Local y el artículo 4° de la Ley de Transparencia para el Estado de Zacatecas.
La Comisionada Julieta Del Río Venegas señaló que el sujeto obligado envió al organismo garante el Acta de Comité de Transparencia, más no al solicitante, quien es el principal interesado en conocer la información, destacó que el monto total de las facturas señaladas asciende a más de 30 millones de pesos del erario, por lo cual es evidente que la información requerida es de interés público.
Por otra parte, la clasificación de información fue incorrecta, ya que la Ley establece en su artículo 77 que no se pueden clasificar de manera general documentos, sino que en su lugar se deben elaborar versiones públicas en donde se justifique la clasificación de partes o secciones testadas.
La Comisionada Fabiola Torres Rodríguez puntualizó que los documentos solicitados también contienen también información pública y entregarla es un acto de rendición de cuentas. Por ello, se debe entregar en versión pública cada oficio emitido por cada unidad hospitalaria, la Póliza del Seguro Popular, el documento donde el proveedor indica la entrega de material en la Unidad Hospitalaria y el consumo generado en la cirugía.
En consecuencia, los Comisionados del Pleno instruyeron a Servicios de Salud de Zacatecas modificar su respuesta para que, en un máximo de 10 días, elabore versiones públicas del soporte documental referido en las 190 solicitudes, información que deberá entregar al IZAI, a fin de dar vista al recurrente. Así mismo, mantener la clasificación para los datos personales que contengan dichos documentos.
