Zacatecas, Zac.- Habitantes de la comunidad de Salaverna, del municipio de Mazapil, denunciaron que la intensidad de las detonaciones por parte de la minera Frisco han aumentado, con lo que se pone en riesgo inminente la integridad física y la vida de los habitantes de la comunidad, por lo que pidieron el cierre definitivo e incluso la cancelación de la concesión de la mina.
El delegado municipal, Roberto de la Rosa Dávila, indicó que presentaron un escrito dirigido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que solicitan su urgente intervención a efecto de que ordene la inmediata suspensión de la empresa minera Tayahua, filial del grupo Frisco.
Relató que la empresa minera, desde 2010, viene presionando a los ejidatarios de manera sistemática para que abandonen sus casas, la comunidad y las tierras, con la intención de poder transformar la explotación minera en una explotación a cielo abierto.
Roberto de la Rosa contó además que una vez que entre 2010 y 2011 no los pudo convencer “por las buenas, ha venido utilizando una estrategia que bien puede caracterizarse como terrorista, buscando sembrar el pánico entre los habitantes de la comunidad para obligarnos a aceptar ser desplazados aún en contra de nuestra voluntad al llamado Nuevo Salaverna”.
El delegado municipal señala categóricamente que la estrategia consiste en usar detonaciones de explosivos para ir debilitando la estructura del cerro desde abajo y, con ello, provocar inestabilidad en el suelo de la comunidad, poniendo en riesgo la integridad física, tanto de los habitantes de la localidad como de los cientos de trabajadores de la propia empresa que laboran en las entrañas de la mina, sin que ninguna autoridad le ponga un hasta aquí.
Afirma que en el curso de los últimos meses han venido realizando las detonaciones con mayor frecuencia, pero sobre todo con mayor intensidad, de tal manera que se han agravado considerablemente los hundimientos y las grietas en pisos, paredes y techos de las viviendas.
Según el delegado municipal, ya se ha solicitado hasta en dos ocasiones la intervención de la Secretaría de Economía a efecto de que ordene la suspensión provisional de las obras y trabajos de la mina, y la realización de una visita de inspección en los términos previstos en la Ley Minera, pero no se ha recibido respuesta alguna.
Incluso, aseguró el delegado, el pasado 21 de marzo se manifestaron en las puertas de la Secretaría de Economía exigiendo respuesta a este problema y se hizo el compromiso de que ordenaría de manera inmediata una visita de inspección, pero no se ha cumplido.
Aseguran que el asedio de la empresa en contra de la comunidad mediante las detonaciones de explosivos continúa de manera implacable, con el agravante de que ahora dichas detonaciones parecen ir encaminadas específicamente en contra de las viviendas de las familias que se encuentran en resistencia.
Denuncian también la intromisión de “ciertos actores políticos que se dicen ser de izquierda, pero que en los hechos le están haciendo el trabajo sucio a Carlos Slim. En los últimos meses, ciertos personeros del senador José Narro Céspedes se han sumado a la ofensiva de la empresa, tratando de convencernos de que aceptemos negociar con la empresa, es decir, que aceptemos entregarle nuestras casas, nuestra comunidad, nuestras tierras, a cambio de dinero o tratando de dividirnos para crear las condiciones para un desalojo violento”.
"Las autoridades de los tres niveles de gobierno se han comportado hasta ahora de manera omisa e incluso servil frente a los intereses de este magnate", afirman los denunciantes.
Pidieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ordene la inmediata suspensión de los trabajos y obras de la mina en tanto se realiza la investigación re4spectiva y la visita de inspección que la ley prevé.
Si es necesario, que se ordene el cierre definitivo e incluso la cancelación de la concesión o concesiones a dicha empresa, de tal manera que se garantice a los habitantes de la comunidad el respeto irrestricto a su integridad física, su vida y su patrimonio, en los términos que establecen los artículos primero, 14 y 16 constitucionales.
Piden además la inmediata cancelación del proyecto de explotación de la minera a cielo abierto en Salaverna, no sólo porque implicaría la destrucción total de la comunidad y un par de localidades más, sino por el daño ecológico que conllevaría.
