Según la segunda entrega del informe de fiscalización a la Cuenta Pública 2023, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en adquisiciones y obras del ámbito de la seguridad pública realizadas por el gobierno del estado, se detectaron irregularidades por ocho millones 425 mil pesos que están pendientes de aclarar.
La aplicación de recursos federales, generó la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de servidores públicos, lo cual se relaciona con la adquisición de equipo para policías, vehículos y acciones de infraestructura.
De acuerdo con la auditoría 2023-A-32000-19-2224-2024, del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp), el gobierno estatal infringió la normativa y “generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de cinco millones 811.4 miles de pesos”.
El documento señala que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública adquirió 92 cámaras fotográficas y de video (Body Cam) para el uso de elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía de Seguridad Vial, con un sobreprecio total de un millón 213 mil pesos.
Las cámaras se compraron con precios unitarios de 29 mil 299 pesos y 29 mil 343 pesos, pero una cotización hecha por la Auditoría encontró aparatos del mismo modelo a 16 mil 142 pesos.
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Se constató físicamente la adquisición de cuatro vehículos tipo pick para la unidad de investigación de la Policía Estatal Preventiva, por un monto de cuatro millones 598 mil pesos, pero no se proporcionó la documentación “que permitiera constatar el destino que se les da a estos vehículos, por lo que se desconoce si estos están destinados al cumplimiento de los objetivos del Fofisp”.
Entre sus conclusiones, dicha auditoría expresa: “El Gobierno del Estado de Zacatecas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, ajustada a la normativa que regula el ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”.
Fondo de aportaciones para la Seguridad
En otra auditoría aplicada al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) e identificada con la clave 2023-A-32000-21-2221-2024, se determinaron dos millones 614 mil pesos pendientes por aclarar.
El Estado adquirió 848 bastones retráctiles de la marca Fury con un valor unitario de mil 300 pesos, pero la ASF comprobó que en otra entidad se adquirieron bastones, con las mismas características, a solo 700 pesos, por lo que se determinó que se realizaron pagos en exceso por casi medio millón de pesos.
También se adquirieron mil 450 candados de mano (esposas) marca Fury, a un precio unitario de mil 200 pesos, sin embargo, en una partida previa, el gobierno le había comprado al mismo proveedor iguales artículos a 700 pesos, “determinando así que se pagó un sobreprecio de 760 mil 700 pesos”.
Además se constató que el proveedor al que se le adjudicó el contrato no contaba con la capacidad técnica y económica para producir o comercializar los bienes objeto del contrato.
“Posible daño”
También “se presume un probable daño” por un millón 86 mil pesos por el pago de 21 conceptos de obra (puertas a base de acero inoxidable y de tambor, luminarias, domos, pantallas para monitoreo y mamparas, entre otros), que no se respaldaron en la documentación (reporte fotográficos) que acredite si los trabajos corresponden a los pagados.
Dicho incumplimiento, limitó a la Auditoría Superior verificar si los trabajos fueron ejecutados y corresponden a lo pactado en los contratos, en incumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas.
En esa auditoría aplicada al FASP, se generó una solicitud de aclaración, ocho promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y tres pliegos de observaciones.
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