Los incendios forestales acapararon la atención internacional sobre la vulnerabilidad de la Amazonia, pero la selva tropical más grande del mundo también enfrenta otras amenazas: la actividad agrícola y ganadera intensiva, la extracción minera y la ocupación de tierras.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Una de las mayores amenazas que pesan sobre la selva amazónica es la deforestación de amplias extensiones en esta región de cerca de 5,5 millones de km2 compartida por nueve países -Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela-.
"La principal causa de la deforestación es el avance de frontera agrícola", confirmó José Luis Capella, director de un programa de protección de bosques en Perú, un país que tiene la mitad de su territorio en la Amazonia.
En Ecuador, por ejemplo, la superficie agrícola aumentó en un 23% entre 2000 y 2017 en los territorios amazónicos y es uno de los principales motivos de pérdida de bosque virgen, según Carmen Josse, directora científica de la fundación ecuatoriana Ecociencia.
Los agricultores de países como Brasil, Perú, Ecuador y Bolivia talan árboles y queman la tierra para obtener más terrenos agrícolas y áreas para el ganado, provocando con frecuencia incendios incontrolables.
Este año, el gobierno boliviano permitió a los agricultores cultivar 20 hectáreas de tierras de tala y quema, en comparación con las 5 hectáreas anteriores, una medida que ha sido criticada por los ecologistas.
En algunos países como Colombia y Perú la deforestación también obedece a cultivos ilegales de hoja de coca. En los bosques amazónicos colombianos 169.000 hectáreas fueron destinadas a este fin, según la ONU.
EXTRACCIÓN MINERA
Otro riesgo para la Amazonia presente en Venezuela, Perú, Surinam, Guyana y Guyana Francesa es la minería legal e ilegal que causa importantes daños por la tala de árboles y por los químicos, como el mercurio, utilizados para extraer oro y otros minerales, que contaminan ríos y suelos.
"El fuego no es el único peligro que amenaza o destruye la Amazonia", la extracción tiene una gran responsabilidad, dijo el domingo en un foro el Gran Consejo de los pueblos indígenas de Guyana.
En este territorio francés, desde 2003, el número total de bosques destruidos por la extracción de oro, legal o ilegal, asciende a 29.000 hectáreas, según la Oficina Nacional Forestal (ONF).
En Venezuela, donde la selva ocupa el 50% de su territorio, el gobierno de Nicolás Maduro emprendió desde 2016 la explotación de bauxita, coltán, diamantes y oro, en una zona de más de 110.000 km2.
"La extracción minera es mucho más grave que el daño causado por los incendios", indica Cecilia Gómez Miliani, directiva de la ONG venezolana Vitalis.
Con la explotación de minerales "se tala, se elimina toda la vegetación, se causan problemas de erosión del suelo, de contaminación con mercurio y desplazamiento de población", explica la experta.
Para Josse lo más preocupante es que la minería causa "deforestación permanente" por el retiro de capas de suelo que impide la recuperación de la vegetación.
Los gobiernos de Perú y Colombia lanzaron este año operativos para combatir la minería ilegal. El gobierno colombiano envió 22.300 policías y militares para evitar la destrucción del bosque, principalmente el tropical húmedo. Mientras que Lima inició en febrero una campaña militar de 1.400 efectivos en la zona de Madre de Dios.
OCUPACIÓN DE TIERRAS
La invasión de tierras es otro de los problemas que ponen en peligro a la región. En zonas donde apenas llega el control del Estado, hay quienes se instalan de forma ilícita en terrenos para luego tratar de legalizar su posesión.
"La acaparación de tierras se tiende a confundir con la ganadería", dice Carolina Urrutia, directora de la iniciativa colombiana Parques Cómo Vamos. "Pero hay un fenómeno más complejo detrás de ese proceso" que son las posibilidades que ven los políticos y empresarios "de adueñarse de la mayor cantidad de tierra posible" para su futura venta, agrega.
"La ausencia de control institucional sobre el mercado informal de tierras y la apropiación de baldíos de la nación permiten este fenómeno", coincide Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible.
Bajo la presión de los ambientalistas, el gobierno de Bolivia, donde más de 1.2 millones de hectáreas se han esfumado desde mayo, anunció una "pausa ecológica" que prohíbe la reventa de tierras destruidas por los incendios.
La riqueza de los recursos naturales de la Amazonia también alimenta la ambición de los silvicultores ilegales que talan cedros y caoba, ahora en peligro de extinción.
