Activistas y pobladores de la comunidad de Cicacalco, perteneciente al municipio de Tlaltenango, Zacatecas, denunciaron que, después de un año de que fue clausurado de forma definitiva, el relleno sanitario del lugar sigue generando grave contaminación ambiental.

Cuando fue inaugurado en junio del 2019, autoridades estatales y municipales, lo calificaron como el más moderno relleno sanitario del estado y uno de los mejores del país, pues gracias a su tecnología, tendría un impacto ambiental muy bajo, según recuerdan los afectados.

A menos dos meses de su apertura, comenzaron los problemas para la población indígena del lugar, afectada primero por olores insoportables y enjambres de moscas que se propagaban a kilómetros de distancia; y luego por la evidente contaminación de los cuerpos de agua con el escurrimiento de lixiviados al arroyo Los Tecongos, que nace justo en el centro del basurero, pasa por las inmediaciones de la comunidad y es afluente del río Tlaltenango.

“Desde el inicio fue mal construido y luego estuvo mal operado por el ayuntamiento, nunca hubo separación de los deshechos ni compactación, pronto algunas vacas comieron bolsas de plástico y murieron”, recuerda la activista, Clarisa Trejo Luna sobre las instalaciones que oficialmente costaron 25 millones de pesos y cuyo listón fue cortado por el entonces gobernador, Alejandro Tello y el exalcalde de Tlaltenango, Miguel Ángel Varela Pinedo.

Clarisa Trejo explica que los lixiviados nunca recircularon al interior en las charolas del relleno para evitar contaminación en el entorno. A pocas semanas de que la basura y animales muertos comenzaron a ser depositados en el lugar, los escurrimientos tóxicos llegaron a donde las vacas beben y “se contaminaron de manera flagrante los mantos freáticos”.

En la comunidad, considerada como zona natural de recarga de aguas, hay cerca de mil 200 personas dedicadas principalmente a la agricultura y a la ganadería en pequeña escala, distribuidas en una extensión de aproximadamente 10 mil hectáreas, y que son afectadas de forma directa o indirecta por la contaminación, informó Rigoberto Martínez, habitante del lugar.

Aunque la comunidad tiene acceso a redes de agua potable, el sistema no alcanza para dar abasto a toda la comunidad ni durante todo el año. Hasta antes del relleno, en tiempos de estiaje, la población utilizaba los ojos de agua hasta para beber: “Hoy ya no hay confianza, porque todavía sale un chorro negruzco, hasta color café, que llega al arroyo”, señala Rigoberto.

Años de lucha

Además de un brote de hepatitis que afectó a niños y adultos, hubo ganado muerto y la imposibilidad de utilizar el agua. En algunas zonas se dejó de producir maíz y hortalizas porque no hubo ni quien quisiera trabajar las tierras por los malos olores.

Fueron muchos los llamados a la autoridad para resolver el problema. En septiembre de 2020, la comunidad inició un plantón de 24 horas frente el relleno y logró la suspensión temporal de operaciones del basurero.

La lucha de los pobladores fue difícil, teniendo que manifestarse ante autoridades estatales, diputados locales e instancias federales, lo que provocó acciones de intimidación del ayuntamiento que encabezó Miguel Ángel Varela Pinedo, hoy diputado federal panista que ha anunciado su intención de contender en las próximas elecciones. Incluso hay demandas de la autoridad en contra de tres integrantes de la comunidad, las cuales no han sido retiradas.

Juan Martínez Ibarra, delegado municipal de Cicacalco recuerda que en diversas instancias les cerraron las puertas porque hubo compadrazgos. Afirma que “la fuerza política” del entonces alcalde provocó la indiferencia de otras instancias: “Nos rechazaron, nos tacharon de locos e ignorantes, fue un proceso bastante difícil para el movimiento porque incluso sufrimos amedrentamiento, vivimos temporadas de miedo”.

Debido a que la lucha de los pobladores no cesó, y ante lo evidente del crimen ambiental, en noviembre del año 2022 se logró que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausurara de forma definitiva el relleno.

A la fecha, el gobierno municipal de Tlaltenango sigue incumpliendo su obligación de elaborar un programa de cierre, monitoreo del sitio, medidas de contención y remediación.

Juan Martínez declaró que “el municipio no ha querido reconocer que hizo las cosas mal”. Una muestra de ello es que tampoco ha pagado la multa de más de un millón de pesos que le impuso la Profepa por la deficiente construcción del relleno.

Derechos humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) emitió en agosto del 2023 una recomendación por la violación al derecho a un medio ambiente sano y por la violación al derecho de los pueblos indígenas, en relación a su derecho de consulta, pues “no se tomó en cuenta la opinión de la comunidad” cuando se aprobó la construcción del relleno.

A decir de Juan Martínez y de Clarisa Trejo, la CDHEZ no se atrevió a llegar al fondo del asunto. La recomendación señala a Miguel Ángel Varela como única autoridad responsable, cuando debieron ser más los responsables de la recomendación 06/2023, dirigida sólo al actual alcalde de Tlaltenango, Salvador Arellano Anaya.

Afirman que hubo omisión y encubrimiento de parte de autoridades de la Secretaría del Agua y Medio, Ambiente (SAMA), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Profepa, instancias que a la fecha se niegan a darles información oficial.

La CDHEZ expresó en su recomendación que no se logró comprobar que se hubieran violado los derechos a la salud, ni el derecho a la integridad y la seguridad personal, “en relación con el derecho a no ser objeto de intimidación”, cuando en realidad sí hubo pruebas de tales actos, según quienes presentaron las quejas desde el año 2020.

El delegado municipal recuerda que incluso en una de las mesas de trabajo, hubo la amenaza e intimidación del entonces secretario de gobierno del municipio en contra de quienes integran la cuarta visitaduría de la propia CDHEZ. Además, no se ha retirado la denuncia en contra de integrantes de la comunidad.

Juan Martínez recuerda que, hasta los trabajadores de la clínica local, por la intimidación del gobierno tuvieron miedo a dar su testimonio sobre la atención que se brindó durante el brote de hepatitis, por lo que no hubo pruebas para acreditar, ante la CDHEZ, la violación al derecho a la salud.

Seguirá lucha

A pesar de los obstáculos, los denunciantes aseguran que no desistirán en su lucha para que se logre el rescate de la zona.

Buscan que no sólo el ayuntamiento cumpla con su obligación de llevar a cabo las medidas de contención y remediación, sino que piden además que la Semarnat declare el lugar como área natural protegida, donde se trabaje por la preservación de especies. También plantean el proyecto de conformar un parque lineal rústico.

Temen que el lugar del basurero se vaya a utilizar como almacén de cacharros o para el confinamiento de maquinaria inservible: “A nosotros no nos interesa eso, nuestra lucha es por el medio ambiente”, enfatizó Juan Martínez.