En los últimos 30 años, la demanda por una justicia más eficiente, accesible y equitativa, fue creciendo de manera exponencial en México; derivado de la impunidad y corruptelas con las que se manejaba el Sistema Judicial.

La reciente aprobación de la Reforma al Poder Judicial, resulta un paso significativo para transformar de raíz, las estructuras y prácticas de dicho ente abocado a la impartición de justicia; garantizando su independencia judicial; la profesionalización del personal judicial; así como el acceso más equitativo a la justicia, de manera imparcial, respetando los derechos humanos.

Nos hace reflexionar que, era necesario fortalecer el papel del Poder Judicial; como órgano independiente, eficaz y transparente. Por ello, la reforma propone la creación de mecanismos que limiten la discrecionalidad y promuevan la rendición de cuentas; evitando el uso indebido de influencias políticas o económicas en la toma de decisiones judiciales; hechos que afectaron la percepción ciudadana sobre la impartición de justicia.

Este logro, se trata del cambio más importante al Sistema Judicial desde 1994, cuando la Suprema Corte redujo de 23 a 11 sus ministros, además de crear el Consejo de la Judicatura.

A partir del próximo año, la cantidad de ministros de la Suprema Corte disminuirá a nueve y; más de 2 mil magistrados y jueces del sistema federal serán elegidos por voto popular en elecciones.

Además, el proyecto de ley establece disminuir los tiempos de mandato de jueces y ministros; reducir la cantidad de magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral; así como eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte; entre otros ajustes al tope máximo de sus remuneraciones.

Se propone la creación de un ente disciplinario y uno administrativo para el Poder Judicial, independiente de la Corte; el cual estaría a cargo de temas relacionados con la carrera judicial y el control interno, así como de elaborar el presupuesto.

El fortalecimiento de las áreas de control interno y la creación de unidades especiales para investigar y sancionar actos de corrupción dentro del Poder Judicial, es otra medida que apunta a eliminar la impunidad dentro del propio sistema; además, se fomentará la colaboración con otras instituciones y organismos nacionales e internacionales, para garantizar la integridad y transparencia de los procesos.

Cabe precisar que, al tratarse de una reforma al Poder Judicial Federal, no afecta en las acciones de los sistemas locales, ni a las fiscalías; órganos que llevan el grueso (80%, según datos oficiales) de los procesos en México.

También se contempla una modernización del acceso a la justicia, buscando hacerla más inclusiva para sectores históricamente marginados; tales como, pueblos indígenas, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.

Esto implica, entre otras cosas, la creación de tribunales especializados en derechos humanos y una mayor accesibilidad en términos de lenguaje, geografía y tecnología. La digitalización del Sistema Judicial será clave, para permitir a los ciudadanos tener un acceso más ágil a los procesos judiciales, reducir tiempos de espera y combatir la burocracia.

La aprobación de esta reforma es un paso firme en buscar la dirección correcta a los problemas que enfrenta el sistema de justicia en México. Aspira a fortalecer la democracia, la confianza en el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos en México.

Además, quedará marcada como un pilar fundamental del legado que dejará nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador; como piedra angular para sentar las bases de otros cambios de la 4T.

El país podría estar a las puertas de una nueva era en su sistema judicial, en la que los ciudadanos puedan tener certeza que la justicia será imparcial, accesible y eficaz, comprometida con la defensa de sus derechos.