Hace varias semanas que no nos saludábamos. Es un placer retomar este bonito hábito, que me permite reflexionar sobre temas, compartirlos y, porque no, tener una cercanía con ustedes, queridos lectores.

Y que mejor forma de arrancar motores de nueva cuenta, con un tema que, por varios meses ha tenido eco en las y los mexicanos y hemos venido analizando en la Cámara de Diputados; así es, hablo de la iniciativa de reforma al Poder Judicial, para fortalecer la impartición de justicia en el país.

Como ciudadanos, por varios años hemos conocido de múltiples atropellos en casos donde, la actuación de justicia, se vuelve una simulación hacia las víctimas; incluso, procede a ser un privilegio, derivado de la corrupción que existe al interior de los Ministerios Públicos, Tribunales Judiciales e instituciones encargadas de impartir esta materia.

En este sentido, es necesario establecer acciones que contribuyan a limpiar la corrupción que existe en el Poder Judicial.

Como saben, desde el mes de febrero, nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó una iniciativa que propone, entre muchas cosas; democratizar el sistema y abrirlo al escrutinio público; además de crear un mecanismo de control que garantice la rendición de cuentas, la administración fiscalizable y las sanciones a los jueces, respondiendo a la demanda de atender los intereses públicos y sociales, con transparencia, honradez y decencia.

Es decir que, el pueblo estaríamos decidiendo por voto popular a los ministros, magistrados y jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que este poder realmente esté al servicio de la gente, que su actuar sea con independencia, legalidad e imparcialidad, y no al servicio de una minoría de cuello blanco, que por intereses propios corrompe la justicia.

Así mismo, con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, se pretende investigar y sancionar a jueces, si se les comprueban actos de corrupción, tráfico de influencias, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, entre otras acciones; brindando mayor confianza al pueblo, sobre los servidores que están impartiendo la justicia en nuestro país.

La reforma va a garantizar que ministros y jueces de la Corte Suprema, no reciban remuneraciones exorbitantes, que generan indignación al pueblo; beneficios y prestaciones que, tan solo este año, representan gastos públicos por el orden de los 2 mil 700 millones de pesos.

Por mencionar algunos; los 24 mdp para celebrar el día de la madre y 26 millones para el día del padre; 235 millones para vestimenta; 900 millones para traslados; 282 mdp para seguridad de escoltas; 1 mil 177 millones para pagos por riesgos y; 90 millones para atención visual. Apartados que serían importante rescatar para tener más recursos a disposición de las y los mexicanos.

Queremos que trabajen con autonomía, independencia e imparcialidad, con la legitimidad democrática para hacer valer sus determinaciones y combatir efectivamente la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencia y los abusos que durante años han estado presentes en nuestro sistema de justicia.

Recordemos que, la paz y seguridad del país, no solo dependen de las corporaciones policíacas, elementos de la Guardia Nacional o el Ejército Mexicano; también depende de los Ministerios Públicos y de los jueces.

Erradiquemos las malas prácticas que defraudan la justicia y la defensa de los casos ciudadanos, quedando impunes. Más de 36 millones de mexicanas y mexicanos votaron por la voluntad de contar con un Poder Judicial sensible y con humanismo democrático y, ¡así será!